La participación de las organizaciones sociales, productores, ONGs y referentes de la cultura, el día de ayer en las plenarias de la Cámara de Diputados, dejó en claro que no es la casta quien rechaza el proyecto de Ley Ómnibus y el DNU. Presentación del sector pesquero y amplio apoyo de otros sectores.
“Toda modificación o derogación que se ha propuesto, afecta nuestra economía, las exportaciones y la trazabilidad que han tenido los recursos naturales”, señaló De la Fuente y agregó: “Creemos que esto va a ser un gran error si avanza. Tomamos un rol muy importante porque somos responsables de muchos trabajadores en la Argentina. Entonces queríamos hacer llegar nuestra preocupación por estas modificaciones y derogaciones”
A cargo de Eduardo Boiero estuvo el reclamo por las modificaciones que se pretenden realizar: “Las economías regionales no resistimos un 15% de derechos de exportación. Esto afectará por supuesto la economía de las empresas, pero afectará fundamentalmente la elaboración de productos con cierto valor agregado y productos que llegan al mundo en forma directa a los consumidores. Nos lleva a tener que exportar materias primas y no necesariamente se va a poder hacer en todos los casos, debido fundamentalmente a que el sector pesquero es un sector que tiene sus costos muy dolarizados”, indicó en referencia a la modificación en las retenciones que introduce el DNU.
“Estamos pagando derechos de exportación desde el año 2002 a la fecha, salvo algún año que se aceptó y llevamos aportado más de 2 mil millones de dólares en derechos de exportación. Esto no solo afecta a la empresa, sino a todos los puestos de trabajo que hay a lo largo del litoral marítimo”, amplió y solicitó que no se aplique y se mantengan los niveles actuales, respetando los distintos valores agregados que tenían los distintos productos.
“Como si esto fuera poco, venimos aquí a pedir que se elimine todo el Título III de la Ley Ómnibus, Capítulo VII”, dijo Boiero; y tras referirse a las competencias del CFP señaló: “Este proyecto trae cuestiones que consideramos que parten de un grave error, un desconocimiento del sector, permitir una licitación internacional: permitir buques de bandera extranjera, permitir descarga en puertos extranjeros, permitir el uso de tripulantes extranjeros, no solo acabaría con la industria pesquera tal como la conocemos hoy, una industria que lleva más de 150 años en cuatro minutos; sino que representa una pérdida de soberanía para el país también”
“La ley actual hace un concurso por antecedentes y eso es lo que se aceptó en su momento cuando se hizo la Ley de Pesca y en base a lo cual todas las empresas hicieron sus inversiones”, agregó y se refirió al impacto que ya ha tenido este proyecto en la industria naval, en la que, aseguró, “se han parado órdenes de compra o de fabricación de buques en la Argentina” y advirtió que también se han parado las certificaciones de pesquerías”.
“Por lo tanto, solicitamos que en forma urgente se elimine todo este capítulo para dar certeza y seguridad jurídica a nuestro sector”, concluyó Boiero tras agradecer a los gobernadores, legisladores, intendentes, organizaciones científicas “y hasta las ONG que están alzando su voz en contra de esta reforma, con lo cual considero que no es simplemente lo nuestro una defensa corporativa del sector, sino que estamos hablando de defender algo que funciona y que funciona bien”.
Entre las voces de apoyo a los reclamos de la pesca se escuchó a los productores de yerba mate, de vinos, de alfalfa, de la carne, de biocombustibles, asociaciones industriales y ambientalistas. Uno de ellos fue Juan Speroni, en representación de la Confederación de Gremios Industriales.
“Yo provengo de un sector que ha dado una fuerte discusión alrededor de lo que son los recursos y cómo está planteado en un capítulo del proyecto, donde intentan establecer una licitación internacional de las cuotas de pesca. Hay empresas argentinas, hay trabajadores argentinos, hay un entramado industrial a lo largo y a lo ancho del país que tiene que ver con el valor agregado, con la construcción de barcos. No se pueden licitar esos permisos”, dijo Speroni.
Andrés Nápoli, de la Fundación Recursos y Ambientes Naturales, quien habló en nombre de más de cien asociaciones socioambientales para expresar su rechazo al proyecto de ley, indicó específicamente sobre la pesca: “Se proponen modificaciones a la Ley de Pesca que impactan en materia de ambiente, seguridad, empleo, exportaciones y transparencia para el sector”.
“Los cambios propuestos favorecen a empresas con antecedentes de pesca ilegal y no reglamentada, que además están subsidiadas por sus estados. Promueven la descarga en otros puertos o transbordos en alta mar, atentando de esta forma contra el control, la transparencia y la trazabilidad de las capturas realizadas dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva. Todo ello no sólo se traducirá en mayor depredación de nuestros recursos, sino que también promoverá usos incompatibles con la conservación de la diversidad marina”, señaló Nápoli para luego solicitar a los diputados que retiren del tratamiento los artículos ambientales y los relacionados a la pesca de esta ley “regresiva en materia de protección de nuestros bienes ambientales y en materia de transparencia y participación pública”.
Estos son solo dos ejemplos del apoyo que ha recibido el sector, tanto en relación con el pedido de eliminación de los derechos de exportación del 15% en el DNU como en cuanto al archivo del capítulo dedicado al Régimen Pesquero en la Ley Ómnibus.
