El abogado Roberto Wyn Hughes, reconocido miembro de la Cámara de Prestadores Marítimos y Portuarios de Chubut, planteó una propuesta para capitalizar la presencia de flotas extranjeras operando fuera de la jurisdicción argentina, en aguas internacionales próximas a la milla 200. Estas flotas, predominantemente chinas, coreanas y españolas, frecuentemente son interceptadas por incursionar en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), recibiendo sanciones que Wyn Hughes considera irrisorias en relación con el valor del recurso que depredan. Como alternativa, sugiere permitir su ingreso regulado a puertos provinciales para tareas de reabastecimiento y reparación, con la promesa de generar ingresos significativos y dinamizar sectores conexos, como agencias marítimas, servicios de salud y hotelería. Sin embargo, reconoció la necesidad de un control riguroso para evitar que estas actividades deriven en nuevas vulneraciones a la soberanía pesquera argentina.
La propuesta ganó mayor notoriedad cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo una reunión con el embajador chino Wang Wei, donde exploró la posibilidad de establecer un “corredor seguro” que facilite el acceso de estas flotas a los servicios portuarios de la provincia. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el gobierno provincial, esta propuesta se enmarca en lo que se ha definido como un «hermanamiento estratégico» con la República Popular China. El objetivo declarado sería fortalecer las industrias locales relacionadas con los recursos pesqueros, argumentando su potencial para dinamizar la economía regional. Sin embargo, este planteamiento no es nuevo y, a pesar de su aparente novedad, ya fue expuesto hace cinco años por el entonces secretario de Pesca, Adrián Awstin. En aquella ocasión, la iniciativa fue duramente cuestionada por el sector pesquero nacional, lo que subraya cómo la búsqueda de beneficios económicos inmediatos suele prevalecer sobre consideraciones éticas o estratégicas más profundas. Paradójicamente, este enfoque parece contradecir el espíritu que caracterizó la gestión del propio ex secretario, quien históricamente abogó por la defensa de los principios vinculados a la soberanía y la sostenibilidad de los recursos marítimos, digamos.
No obstante, las declaraciones de Torres provocaron reacciones inmediatas. Desde el sector pesquero argentino, surgieron críticas severas ante lo que consideran un riesgo de legitimación indirecta de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Este tipo de actividad, condenada por organismos internacionales como la FAO, es señalada como una grave amenaza a la sostenibilidad de los recursos marítimos, explotando las debilidades de los sistemas de control en los países ribereños y afectando la biodiversidad y las economías locales.
Además, los operadores del sector potero nacional, quienes trabajan con el calamar Illex argentinus en condiciones de estricto cumplimiento normativo y enfrentan costos operativos elevados, señalaron la deslealtad que implica competir con flotas extranjeras que depredan sin regulación por fuera de la milla 200. También alertaron sobre el impacto negativo que acuerdos de esta índole podrían tener en los derechos soberanos argentinos, especialmente en el marco de reclamos históricos sobre la extensión de la jurisdicción hasta la milla 350, los recursos del Atlántico Sur, y las trazas estratégicas hacia la Antártida.
La situación se tornó aún más controvertida cuando funcionarios cercanos al gobernador intentaron, de manera extraoficial, matizar el alcance de sus declaraciones, atribuyendo la confusión a interpretaciones erróneas. Sin embargo, la ausencia de una aclaración oficial ha exacerbado las tensiones, sumando incertidumbre a un sector que representa inversiones millonarias y que es clave para la economía nacional y regional.
En términos técnicos, el debate pone de manifiesto una disyuntiva crítica. Por un lado, están los ingresos potenciales para Chubut derivados de estas flotas, como lo demuestra el paso de siete embarcaciones extranjeras por puertos locales entre 2023 y 2024, en contextos de emergencias técnicas. Estas operaciones dinamizaron la economía local en sectores relacionados. Por otro lado, persisten las preocupaciones sobre los riesgos ambientales, económicos y de soberanía que implica permitir cualquier forma de colaboración con flotas asociadas con prácticas de depredación.
Este complejo escenario, según participantes consultados, « exige una respuesta clara y contundente del gobierno provincial que priorice la soberanía y los intereses colectivos, en consonancia con los compromisos de Argentina en la lucha contra la pesca ilegal «. Mientras tanto, el debate sigue abierto, y su desenlace podría sentar un precedente decisivo en la gestión de los recursos marítimos y el posicionamiento estratégico del país en el Atlántico Sur.
