La Prefectura Naval Argentina, mediante la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, bajo la dirección del PG José Fernando Dos Santos, reunió a cámaras, armadores y representantes de compañías del sector pesquero para exponer los lineamientos del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, principal instrumento internacional en materia de seguridad para buques pesqueros, suscripto ante la Organización Marítima Internacional (OMI).

El acuerdo entrará en vigor en febrero de 2027 y establece estándares obligatorios para embarcaciones de más de 24 metros de eslora. La Autoridad Marítima Nacional expuso los alcances de la futura adecuación normativa y el proceso de alineamiento con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

La Prefectura Naval avanza en la revisión de la normativa nacional vigente para adecuarla a las disposiciones del Acuerdo, con tres ejes prioritarios: la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar y el cuidado del medioambiente. En un hecho sin precedentes, y antes de instrumentar una nueva disposición, el organismo convocó por primera vez a los referentes de todo el sector pesquero argentino a una mesa conjunta para consensuar los mecanismos y directivas que orientarán la implementación de la medida.

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 establece requisitos internacionales obligatorios en materia de estabilidad y navegabilidad, maquinaria e instalaciones eléctricas, dispositivos de salvamento, equipos de comunicaciones, protección contra incendios y construcción de buques pesqueros.

El instrumento tiene por objeto facilitar un mejor control de la seguridad de los buques pesqueros por parte de los Estados del pabellón, del puerto y de la costa, y su implementación contribuirá también a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La adhesión argentina fue formalizada el 24 de febrero de 2026, cuando la embajadora Mariana Edith Plaza depositó el instrumento ante la sede de la OMI en Londres, llevando el total de Estados adheridos a 28, con 3.754 buques de eslora igual o superior a 24 metros registrados.

La convocatoria formó parte de la política de articulación institucional con los actores de la actividad pesquera. Los representantes del sector fueron invitados a analizar la información presentada y a formular observaciones y consultas técnicas, con el objetivo de avanzar hacia un marco regulatorio consensuado y adecuado a las condiciones actuales de la actividad pesquera argentina.