Más de 500 buques extranjeros se concentran cada temporada frente al límite de la ZEEA. Aunque un acuerdo de la OMC ya prohíbe subsidiar la pesca INDNR, la de poblaciones sobreexplotadas y la de alta mar no regulada, la falta de información impide saber cuánto apoyo público sostiene esa flota, una discusión decisiva para la Argentina.
La respuesta no puede darse buque por buque con la información pública disponible. Sí existe evidencia internacional de que los subsidios alteran profundamente la economía de la pesca distante y, desde 2025, una herramienta jurídica para exigir mayor transparencia y cuestionar algunos apoyos. Sin embargo, el acuerdo alcanzado todavía cubre solo una parte del fenómeno.
Una actividad que no siempre cierra sin ayuda
El estudio global más citado sobre la economía de la pesca en alta mar, publicado en 2018 en Science Advances por Enric Sala y otros investigadores, estimó a partir de datos satelitales, costos, capturas y subsidios que los gobiernos aportaban unos 4.200 millones de dólares anuales a esas operaciones. Sin esas transferencias y con costos laborales normales, hasta el 54% de las áreas explotadas habría resultado económicamente inviable a la escala observada.
El trabajo identificó 3.620 buques pesqueros en alta mar durante 2016: China, Taiwán, Japón, Indonesia, España y Corea del Sur reunían el 77% de las embarcaciones y el 80% del esfuerzo detectado. Esto no implica que todo buque distante opere con pérdidas ni que todas las ayudas sean ilegales, pero muestra que el precio del pescado no explica por sí solo muchas operaciones alejadas de sus puertos de origen. Para las flotas china, taiwanesa y rusa, el balance agregado calculado no era rentable sin subsidios; la pesca con poteras de calamar aparecía entre las actividades más dependientes.
Otra estimación, encabezada por Rashid Sumaila y publicada en Marine Policy, calculó que en 2018 los subsidios pesqueros mundiales alcanzaron 35.400 millones de dólares. De ese total, 22.200 millones fueron clasificados como ayudas que aumentan la capacidad, entre ellas combustible, construcción o modernización de buques, infraestructura para expandir la actividad y ciertos programas de acceso o desarrollo pesquero. El combustible fue la categoría de mayor peso.
Los datos más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque cubren 41 países y economías, confirman que el fenómeno continúa. El organismo estimó un apoyo público promedio de 10.700 millones de dólares anuales entre 2020 y 2022, equivalente al 10,6% del valor de la pesca desembarcada. China concentró el 36,1% del gasto registrado. La OCDE consideró que el 65% del apoyo analizado presentaba riesgo de alentar pesca insostenible; en las once economías no pertenecientes a la organización evaluadas, llegaba al 90%.
No todo subsidio produce el mismo efecto
La palabra subsidio incluye instrumentos muy distintos. Una transferencia para comprar combustible no opera igual que financiar una campaña científica. Tampoco generan el mismo incentivo una garantía crediticia para construir un buque, una exención impositiva, un seguro estatal o el presupuesto destinado al control satelital y la seguridad de la navegación.
El punto central es qué costo reduce cada medida y qué conducta favorece. El combustible barato permite recorrer mayores distancias, permanecer más tiempo en el mar o seguir pescando cuando caen los rendimientos. El crédito subsidiado y la construcción naval aumentan la capacidad durante décadas. Exenciones fiscales, seguros preferenciales e infraestructura estatal —puertos, frigoríficos, abastecimiento y logística— también pueden reducir costos operativos.
En sentido contrario, la investigación científica, la evaluación de poblaciones, la capacitación, la seguridad, el monitoreo y la reconversión hacia prácticas de menor impacto pueden mejorar la gestión. Incluso una ayuda a pescadores puede ser socialmente necesaria si sostiene ingresos durante una veda sin incrementar el esfuerzo. Por eso, el debate no consiste en eliminar todo apoyo estatal, sino en distinguir el que mejora la sustentabilidad del que mantiene capacidad y esfuerzo más allá de lo que los recursos o el mercado pueden sostener.
Lo que prohíbe la OMC
El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio entró en vigor el 15 de septiembre de 2025. La Argentina había depositado su aceptación el 22 de julio. Desde entonces existen reglas multilaterales vinculantes para los miembros que aceptaron el acuerdo.
El texto prohíbe subvenciones a buques u operadores involucrados en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, cuando exista una determinación afirmativa de una autoridad ribereña, del Estado de pabellón o de una organización regional competente. También prohíbe subsidiar la pesca sobre poblaciones reconocidas como sobreexplotadas, salvo que la ayuda o las medidas asociadas estén destinadas a reconstruirlas.
La disposición de mayor interés para el Atlántico Sudoccidental es el artículo 5.1, que prohíbe subvenciones a la pesca o actividades relacionadas desarrolladas fuera de la jurisdicción de un Estado costero y, simultáneamente, fuera de la competencia de una organización o arreglo regional de ordenación pesquera. La pesca de calamar adyacente a la zona económica exclusiva argentina ocurre precisamente en un espacio de alta mar sin acuerdos binacionales ni una organización regional con competencia específica sobre ese recurso.
La norma incluye como actividades relacionadas el transbordo, transporte y aprovisionamiento de combustible, personal, artes y otros suministros en el mar. Sin embargo, para aplicar la prohibición debe demostrarse que existe una subvención específica en los términos de la OMC y que beneficia a esas operaciones. La mera presencia de una flota promovida por el Estado o de combustible con impuestos reducidos no resuelve automáticamente esa prueba.
El agujero sigue siendo la información
El acuerdo exige a los miembros notificar el tipo de actividad pesquera subsidiada y, en la medida de lo posible, el estado de las poblaciones, las medidas de conservación, la capacidad de la flota, los buques beneficiarios y las capturas. En la primera reunión ordinaria del Comité sobre Subvenciones a la Pesca, el 1 de mayo de 2026, la OMC informó que solo doce miembros habían presentado inicialmente notificaciones sobre las organizaciones regionales de las que formaban parte. Para un sistema basado en la transparencia, el punto de partida era modesto.
Esta limitación es especialmente visible frente a la Argentina. Los sistemas satelitales y el trabajo de la Prefectura y la Armada permiten observar dónde se concentran los buques, cuánto permanecen y cuándo interactúan con transportes o tanqueros. Pero una señal AIS no muestra la tasa de un crédito, una devolución impositiva, el precio real del combustible, el respaldo de un seguro público ni el programa que financió la construcción. Vincular esfuerzo y apoyo estatal exige cruzar información comercial, fiscal, societaria y pesquera rara vez publicada a nivel de buque.
La ausencia de esa trazabilidad favorece una competencia desigual. La flota argentina afronta costos laborales, tributarios, portuarios y de combustible dentro de un régimen nacional, mientras productos capturados inmediatamente fuera de su jurisdicción pueden llegar a los mismos mercados con costos parcialmente financiados por otros Estados. El subsidio puede aumentar la presión sobre un recurso compartido y trasladarse al precio internacional, deteriorando la posición del productor sin una ayuda equivalente.
Un primer paso que dejó afuera la sobrecapacidad
El acuerdo vigente no estableció una prohibición general de todos los subsidios que contribuyen a la sobrecapacidad y la sobrepesca; esa parte sigue bajo negociación. Por lo tanto, ayudas al combustible, construcción naval, modernización, crédito o reducción de costos pueden continuar mientras no queden comprendidas en las prohibiciones sobre pesca INDNR, poblaciones sobreexplotadas o alta mar no regulada.
El texto contiene una presión inusual: si no se adoptan disciplinas integrales dentro de los cuatro años posteriores a su entrada en vigor, el acuerdo terminará, salvo decisión contraria del Consejo General de la OMC. El plazo conduce a septiembre de 2029. La comunidad internacional todavía debe resolver cómo limitar la capacidad financiada por los Estados sin tratar de la misma manera a la pesca artesanal y a las grandes flotas industriales.
La próxima reunión ordinaria del Comité sobre Subvenciones a la Pesca está prevista para la semana del 26 de octubre de 2026. Será una oportunidad para evaluar notificaciones, formular preguntas y exponer vacíos. El artículo 8.5 permite que un miembro solicite información adicional a otro y lleve al Comité la falta de respuesta o notificación. La Argentina podría preguntar qué programas benefician a las flotas que pescan calamar y otras especies en el Atlántico Sudoccidental, qué buques reciben ayudas y cómo justifican su compatibilidad con el artículo 5.1.
La pregunta que debería realizar la Argentina
La discusión no debería partir de que los más de 500 buques de la Milla 201 están subsidiados de la misma manera: esa conclusión no está demostrada. La pregunta más sólida es otra: ¿qué proporción del esfuerzo observado podría sostenerse sin combustible preferencial, crédito público, construcción naval asistida, exenciones fiscales, infraestructura estatal y logística subvencionada?
Responderla exige construir una matriz por Estado de pabellón, empresa, buque, tipo de apoyo y zona de operación; comparar notificaciones ante la OMC con datos satelitales; identificar transbordos y abastecimientos; y estimar el costo completo de cada campaña. También requiere que Cancillería, autoridad pesquera, INIDEP, Prefectura y organismos tributarios y comerciales compartan información y formulen preguntas coordinadas en foros internacionales.
El nuevo acuerdo no hará desaparecer las luces de la Milla 201, pero puede cambiar el terreno de la discusión. La presencia de la flota extranjera se analizaba principalmente como un problema de control, conservación y gobernanza de la alta mar. Desde 2025 también puede examinarse como una cuestión de competencia comercial: quién paga el costo real de pescar y bajo qué reglas llega esa captura al mercado.
La pregunta del título todavía no tiene una respuesta cuantificada para el Atlántico Sur. Pero la evidencia internacional ofrece una pista: una parte sustancial de la pesca distante no existiría a la escala actual si tuviera que asumir todos sus costos. Para la Argentina, convertir esa pista en evidencia verificable puede ser tan importante como contar buques en el horizonte.
