Hoy Juan Antonio López Cazorla visitará el INIDEP y antes de su llegada los investigadores agrupados en API han hecho pública su postura sobre las modificaciones que se pretende hacer al Régimen Federal de Pesca.
Sostienen que “la incorporación de más buques y nuevos permisionarios pondría en riesgo el delicado equilibrio existente, dado que la mayoría de la flota no captura una sola especie, sino que diversifica su esfuerzo de pesca entre especies cuotificadas y otras sin cuotificar”.
Agregan desde API que, “para mantener el equilibrio biológico, por cada nuevo buque que ingresa al caladero se debe desafectar a uno existente de similar poder de pesca, de tal forma de no aumentar la capacidad pesquera actual induciendo a un sobredimensionamiento de la flota que derive en la sobrepesca”.
Haciendo un poco de historia, les recuerdan a los miembros del Ejecutivo que “el indiscriminado ingreso de buques a la pesquería de merluza común (Merluccius hubbsi), a mediados y fines de la década del 90, produjo su sobreexplotación y una marcada disminución de su abundancia. Gracias al trabajo conjunto realizado por nuestros científicos, autoridades y sector privado, y en función de las medidas de manejo adoptadas
por las distintas administraciones en base a información científica fidedigna, hemos recuperado la estabilidad del caladero”.
En contra de la licitación expresan que “el proceso de recuperación llevó casi dos décadas y la aplicación del régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), establecido por la Ley Federal de Pesca, así como otras medidas de manejo sugeridas por el INIDEP tales como áreas y épocas de veda, artes de pesca selectivas y limitaciones al esfuerzo pesquero, entre otras, fueron fundamentales para ordenar la pesquería”. Recordemos que el proyecto elimina las exigencias respecto del tipo de buque y el poder de pesca, reduciendo el ingreso al caladero únicamente a una competencia monetaria.
Respecto de la posibilidad de desembarque de las capturas en puertos extranjeros o del trasbordo en altamar, advierten que “imposibilitaría el adecuado control de la actividad pesquera y afectaría enormemente el acceso a la información vital para las evaluaciones de los estados de los recursos que realiza el INIDEP. Esto generaría una inevitable pérdida de la calidad del asesoramiento científico brindado a las autoridades pesqueras, con un consecuente aumento del riesgo de sobreexplotación”.
“Consideramos que, en términos generales, la industria pesquera no puede seguir creciendo en capturas, pero sí lo puede hacer en el monto de las exportaciones, apuntando al agregado de valor y a captar nuevos y exigentes mercados, que son los que requieren certificaciones internacionales de las pesquerías, generadas en base al esfuerzo de la labor de científicos y técnicos en conjunto con la actividad privada”, indican en clara referencia a la eliminación del artículo 27 que establece como parámetro meritorio para la obtención de cuota el procesamiento en tierra.
“La implementación de un sistema que implique la ruptura de este equilibrio sería incompatible con el manejo sustentable de los recursos y derivaría en la sobreexplotación y la pérdida de sustentabilidad ambiental, económica y social de las pesquerías del Mar Argentino”, concluyeron los investigadores del INIDEP.
Mañana, el nuevo subsecretario de Pesca, que hasta diciembre acompañó con su voto en cada acta del Consejo Federal Pesquero, un modelo que hoy se busca destruir para instituir uno netamente mercantilista y alejado del principio precautorio, será recibido por el personal científico del INIDEP. Se espera que se termine de definir quién será el sucesor del director del instituto, Oscar Padín.
