CAIPA y CEPA pidieron la nulidad del Fondo de Asignación de langostino acusando a los funcionarios bonaerenses de proceder de forma sospechosa, pero los argumentos esgrimidos fueron fácilmente rebatidos. En materia de calamar el CFP debió asumir, de mala gana, que era un error mandar los poteros al sur como condición para adelantar la temporada.
Intento fallido de anular el Fondo de Asignación de langostino
La Cámara de Industriales Pesqueros Argentinos (CAIPA) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) no participaron de la distribución de cuota social de langostino que se generó por iniciativa de la provincia de Buenos Aires. Alegan que no les fue comunicado particularmente y que por lo tanto se debe declarar nulo y volverse a distribuir.
Desde hace años la provincia de Buenos Aires ha reclamado igualdad ante las provincias de Chubut y Santa Cruz que reciben un cupo social como resarcimiento por haber dejado de pescar dentro del Golfo San Jorge para preservar la puesta, reproducción y desarrollo del langostino que nutre las capturas nacionales.
Aunque la provincia de Buenos Aires no está poniendo nada por lo que deba ser resarcida, luego de varios años de discusión dentro del Consejo Federal Pesquero se decidió por unanimidad que se iba a crear un fondo social para repartir entre todas las provincias pero que solo podía distribuirse si estaban de acuerdo todos los miembros de este cuerpo colegiado.
Eso ocurrió a fines de 2022 y ya en los primeros meses 2023 comenzaron a surgir los primeros pedidos de uso de ese fondo. Las solicitudes llegaban de forma individual al Consejo y en una de las reuniones se decidió que para dar operatividad al reparto cada provincia se encargaría de postular sus candidatos a recibir una parte de las 5000 toneladas a repartir.
Estas decisiones respecto del procedimiento para la selección se fueron publicando en las actas del CFP. Finalmente, las provincias nominaron sus barcos, elegidos de forma discrecional por la autoridad y el cupo se repartió entre Rio Negro, Chubut y Buenos Aires, que fueron las provincias que lo reclamaron, siendo la última la que más barcos postuló.
CEPA y CAIPA dicen que no les avisaron de forma particular por lo que no pudieron participar y cuestionan los criterios para el otorgamiento y la jerarquización de los postulantes, pidiendo que se declare la nulidad de la resolución que hizo efectiva las asignaciones del FAFP:
Denunciaron que “la Provincia de Buenos Aires no siguió un procedimiento transparente para posibilitar que las empresas pudieran conocer el plazo máximo” y que “se deberían canalizar por intermedio de las representaciones provinciales”, porque “no se publicó aviso o noticia en ese sentido”, con lo que la provincia “demuestra un procedimiento sospechoso y arbitrario”.
A su juicio, la situación se encuadraría en la anulabilidad del acto ya que las irregularidades, omisiones y/o vicios que le achacan, no impiden la existencia de los elementos esenciales del acto: como “ser oídos”; no se acreditó el permiso nacional del barco; ni se acreditó que las asignaciones “serán elaboradas por planta de procesamiento en tierra”, con personal en relación de dependencia; ni se especifica el puerto en el que descargarán; que se violó el artículo 27 de la ley de Pesca y que no ponderaron el mayor valor agregado.
Los consejeros fueron muy puntillosos a la hora de responderle a CAIPA y CEPA: en primer lugar, indicaron que la asignación priorizó a los barcos fresqueros que tenían cupo de captura “insuficiente” para alcanzar el “umbral de suficiencia”. Pero que además estas cámaras no solicitaron asignación, por lo que “persiguen la nulidad de la asignación por la nulidad misma, sin un interés concreto” y además no lo hicieron en el tiempo fijado por el CFP”.
Tras declarar abstracto el reclamo indicaron que “no hay legitimación para cuestionar un acto por razones de legitimidad sin un agravio concreto (no uno hipotético) en un derecho. Ello sin perjuicio de la aclaración que la Provincia de Buenos Aires efectúa, sobre la amplia convocatoria que hizo ante los armadores radicados en su territorio”.
En contestación a la falta de publicidad del acto desde el Consejo no tuvieron problemas para refutar la acusación, dado que todas las actas se publican en la página oficial del organismo inmediatamente después de concluida la reunión y “las cámaras tuvieron conocimiento de la decisión allí contenida sin dificultad, como surge de la solicitud de vista con motivo de la decisión”, señalaron citando una nota presentada en junio pasado.
Respecto de “la supuesta falta de acreditación de la elaboración en planta de procesamiento resulta de imposible cumplimiento ya que no se puede acreditar un hecho futuro” y además agregaron que siendo todos barcos fresqueros los que recibieron cupo se da por descartado que la captura debe ser procesada, reconociendo que ello debe ser controlado por la autoridad de aplicación.
En cuanto a la violación de la Ley de Pesca en su artículo 27, aclararon que se refiere “a la asignación de cuotas individuales transferibles de captura” y que “el FAFP no es una cuota” y que, de hecho, “ningún buque de la flota pesquera argentina cuenta con CITC para la especie langostino”
Estos fueron los argumentos presentados por el Consejo Federal Pesquero para rechazar por unanimidad los recursos de reconsideración interpuestos, agotando la instancia administrativa y se intimó a las cámaras a constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo debió volver sobre sus pasos en calamar
Siguiendo una política vacía de contenido, la Secretaría de Malvinas del gobierno kirchnerista, a cargo de Guillermo Carmona, se ha empeñado en sostener argumentos carentes de fundamento científico y razonabilidad. Así es que se les ha exigido a las empresas poteras operar entre los paralelos de 49º y 52º de latitud sur para acceder a un comienzo anticipado de la temporada de calamar, suponiendo que si hacen una barrera de barcos los calamares no pasarán al área de exclusión de Malvinas. Quienes pesquen allí pueden arrancar la temporada el 10 de enero y quienes no, lo debían hacerlo a partir del 20 de enero a modo de castigo, según se definió en el acta de la semana pasada.
Desde hace dos años, algo que se resolvía por recomendación biológica como comenzar de forma anticipada la temporada de calamar al sur del paralelo de 44º Sur, pasó a ser un instrumento de extorsión por parte de la política nacional. El primer año algunos barcos fueron a pescar a la altura del paralelo de 49º Sur; al año siguiente fueron menos porque ya se tenía conocimiento de que el recurso en esa época del año no se hallaba ahí y este año directamente las empresas no están dispuestas a ir, por costos, ineficiencia y complicaciones operativas.
Es por ello que desde CAPA enviaron una nota, poniendo en conocimiento de esta situación y solicitaron que no se establezca como condición operar al sur para poder comenzar la temporada el 10 de enero y se sumó al reclamo CEPA.
Desde el INIDEP enviaron una nota aclarando una vez más que resulta beneficioso adelantar la temporada, toda vez que “facilita el aprovechamiento del Stock Desovante de Verano (SDV), constituido por calamares que para mediados de enero ya han superado el proceso reproductivo y se encuentran próximos al final del ciclo vital”.
Sin argumentos para sostener su decisión de la semana pasada, el Consejo debió volver sobre sus pasos, pero dando muestras de soberbia y tozudez, en lugar de permitir el inicio de la temporada a partir del 10 de enero, decidieron que quienes no vayan al extremo sur a buscar el calamar que no existe, podrán iniciar tareas de pesca a partir del 12 de enero.
