“El proyecto de ley de trazabilidad de la pesca es fundamental”

Rescató el hecho de que la gestión anterior en pesca haya avanzado en este tema, “pero no alcanza, se necesita información de otros organismos y para eso es necesario una ley nacional”, dijo y alertó sobre la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei derogue muchas resoluciones dispuestas en los últimos cinco años, entre las que se encuentra normativa relacionada con la trazabilidad en la pesca.

En el marco de esta reunión se nombró como secretaria de la Comisión a la diputada Sabrina Selva, quien fuera jefa de despacho del diputado Carlos Selva, promotor de la Ley de Trazabilidad. “El proyecto de ley de Trazabilidad de la pesca es fundamental” dijo al ser puesta en funciones y llamó la atención sobre los despidos en el INIDEP y la Subsecretaría de Pesca, señalando que “afectan el control y la investigación que también son fundamentales para el cuidado del recurso y sostenimiento de la actividad”.

El primero en dar respuesta a la propuesta escuchada fue el empresario Lisandro Belarmini, que habló en nombre de CEPA. Señalando que la actividad se administra por un sistema jurídico integrado y que cuando se cambia una norma cambia todo: “Hay normas que son impracticables, muy valorativas desde el punto de vista de la academia, pero cuando las vamos a aplicar en el mar no pueden tener utilidad ni vigencia”.

“Esta actividad es tomada como la de un depredador sobre una presa y existe la sospecha de que se incumple con normas de contenido ambiental”, señaló Belarmini y agregó: “Algunas comunidades académicas y organizaciones no gubernamentales creen que el cuidado del ambiente debe ser neutro y no existe la neutralidad en una actividad antrópica”.

Tras exponer ante los presentes el mapa de áreas de veda, área de exclusión de Malvinas, de AMP y de explotación de hidrocarburos, indicó que es muy reducido el espacio donde la pesca puede trabajar y que debe esperarse que la actividad energética tenga el mismo rango de cumplimiento normativo en la preservación ambiental.

Sofía y Otto Wöhler (h) en representación de CAPECA, se refirieron al impacto negativo que tienen para la actividad pesquera la determinación de AMPs tal como se han establecido y sobre las implicancias burocráticas que podría tener la sanción de una Ley de Trazabilidad.

“Las vedas son necesarias para una gestión efectiva de las pesquerías, pero las AMPs responden sólo al cumplimiento de metas internacionales”, señaló Sofia Wöhler; y presentó objeciones al procedimiento utilizado en todos los casos, incluso en el último proyecto presentado por Facundo Manes.

“No puede iniciarse a partir de un proyecto de ley inconsulto en el que no han participado los principales actores afectados, deben seguirse pasos que no se han respetado”, señaló y agregó que tampoco se han sopesado las consecuencias sociales y económicas antes de tomar la decisión.

“Un ejemplo de las consecuencias no analizadas lo constituye el beneficio que se generó a los intereses isleños en el caso de Malvinas al cerrar el área Namuncurá-Banco de Burdwood para la pesca de merluza negra o el aumento de los rendimiento generados para la flota chilena que operan en el límite del AMP Yaganes, ante la ausencia de buques argentinos, capturando el mismo recurso en dicha área por el retraso en la generación del plan de manejo, incumpliendo el plazo de cinco años establecido por ley”, concluyó.

Otto Wöhler señaló respecto a la Ley de Trazabilidad que “quizás el mensaje del sector no ha sido claro, o lo ha sido, pero existen otros intereses que empujan un poco más fuerte. Tenemos abordada la trazabilidad por la Subsecretaría de Pesca y la Dirección de Fiscalización y Control, no estamos frente a un sector que no rinda cuentas”.

“La trazabilidad en la pesca existe, es una necesidad vital que tiene el sector, la pesca exporta el 90% y los mercados nos demandan gozar de trazabilidad. El certificado de captura legal es reconocido a nivel mundial con receptividad plena en la UE. Quizás es perfectible, pero no estamos frente a una actividad pesquera que depreda el mar”, indicó Wöhler.

Finalmente aclaró que el sector no se opone a la trazabilidad pero que la ley solo generará más burocracia y sostuvo que “al sistema que tenemos le falta la puntada final que es la interacción entre los distintos entes estatales, vamos a alentar siempre la transparencia y proyecto que así se disponga, pero reclamamos que se ponga en foco a los administrados y que no se termine pensado en beneficios pretorianos con respecto a los consumidores y la información, porque la información está, en todo caso hay que organizarla”.

Otro tema destacado fue la pesca en la Milla 201 y Darío Sócrate, director ejecutivo de CAPA, fue el primero en plantearlo. “La cantidad de buques que operan en la Milla 201 es un problema muy complicado porque no se entiende que pescar en la columna de agua fuera de la milla 200 no es pesca ilegal, es pesca no reglamentada y no declarada, pero tan perniciosa como la otra porque desde el punto de vista biológico el daño que provocan quinientos buques es muy fuerte”.

Señaló además que esa actividad genera competencia desleal porque “esos buques que tienen subsidios de todo tipo y problemas de todo tipo como trabajo esclavo, hacen que ese producto compita en igualdad de condiciones con el nuestro. Es un tema que debe ser considerado, sabemos que no es sencillo, pero debe ser tratado de manera seria para que no llegue a ser irreversible”.

Otro de los exponentes fue Carlos Liberman, quien respecto del proyecto de ley de trazabilidad dijo que “será muy bueno que el Congreso refuerce lo que existe” pero, haciendo mención a la norma dictada durante su gestión, señaló que “la Argentina logró ser el primer país en ingresar a la UE y Japón con certificados de captura legal que emite la Subsecretaría de pesca, los mercados más exigentes y garantiza la sostenibilidad”. Finalmente agregó: “No es bueno tirar arriba de la mesa proyectos que vienen a revolucionar la estructura jurídica de un sector que como pocos logró que la FAO destaque el estado del caladero argentino”.

En referencia a la pesca en la Milla 201 indicó: “Quienes estamos en la política deberíamos levantar el guante y comenzar a construir en conjunto y de forma respetuosa de cara a todos aquellos que de la mano de la pesca generan 2 mil millones de dólares en exportaciones y casi 100 mil puestos de trabajo”.

Si bien estuvieron presentes representantes gremiales, la defensa más clara contra el cobro de impuesto a las ganancias corrió por cuenta de Liberman, quien señaló que se trata de un tema que ya se discutió y se consideró injusto, porque “los tripulantes no duermen en sus casas los sábados, ni los domingos ni los feriados; están hasta noventa día en el mar y se les generan salarios que los hacen susceptibles de retracciones del impuesto, pero no tienen opción, deben dormir en el barco. Después de mucho trabajo con los gremios se logró la quita que ahora pareciera estar peligrando”, indicó.

El último expositor fue Julián Suárez, quien como exdirector de Control y Fiscalización se refirió especialmente a “los trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Pesca quienes lamentablemente desde el inicio de esta gestión están viviendo momentos de zozobra permanente como así también muchos científicos del INIDEP que han sufrido despidos y recortes”. Recordemos que uno de los motivos de su renuncia fue el pedido de elaborar una lista con cincuenta personas para ser despedidas.

Finalmente destacó el rol de las fuerzas de seguridad: “Hemos observado cómo una potencia extranjera estaría realizado tareas de vigilancia en la ZEE cuando es innecesario, porque tanto la Prefectura Naval Argentina como la Armada han sido reconocidas en el concierto internacional en la OMI por las labores que realizan ambas fuerzas en la protección de nuestra ZEE. Existe una idea falsa de que nuestra ZEE es un colador y que cualquiera puede ingresar y no va a tener consecuencias; esto es absolutamente falso”, concluyó.

Esta fue la primera de, seguramente, varias reuniones en las que participará el sector pesquero, sobre todo si avanzan los proyectos de ley sobre trazabilidad y AMPs. Es de esperar que, como bien indicó Darío Sócrate, se les vuelva a convocar, “cuando tengan un tema en tratamiento antes de que sea firmado, porque después es muy difícil de cambiar”.