La semana pasada se lograron las 60 ratificaciones necesarias para que rija a partir de enero de 2026. Argentina todavía no lo ha ratificado y no todos creen que sería una herramienta adecuada para el control de la pesca INDNR en la milla 201 además de que podría generar un estatus indeseado a Gran Bretaña sobre Malvinas.
Sin embargo, la visión de la ONG no es compartida por otros especialistas en el tema. Cuando el Acuerdo fue aprobado en 2023 entrevistamos a Otto Wöhler, quien señaló respecto del Tratado de Altamar que en principio “es positivo para ordenar algunas situaciones que se dan en altamar, más allá de lo que nos afecta a nosotros. El tratamiento del recurso genético es un tema que hasta ahora ha tenido una importancia relativa en nuestro país, pero viene a regular una situación que se avizoraba como conflictiva en el mediano plazo. Por un lado, también me parecen positivas las Áreas Marinas Protegidas, pero hay que tomarlo con pinzas; no son la solución para una problemática pesquera. Una AMP hay que tenerla en cuenta como un tema de conservación de un ecosistema en su conjunto; no digo que no pueda ser utilizada para regular la pesca, pero no es su objetivo y el problema que nosotros tenemos en la Milla 200 es un problema de conservación, pero el principal problema, claramente, es de ordenamiento pesquero”.
Por otra parte, en aquello oportunidad, Wöhler explicó que el nuevo tratado de los océanos evita hablar de pesca, “pero habla de conservación de la biodiversidad, que está muy relacionada con la pesca, puede regularla sin decirlo explícitamente y una de las maneras es a través de los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a mi criterio se quedan un poco cortos, porque quien ejerce la actividad es el que tiene que establecer el estudio de impacto ambiental”.
Es decir que el Tratado plantea un autocontrol, algo que resulta bastante ingenuo, dado que la flota china, por ejemplo, sería la encargada de realizar sus propios estudios de impacto ambiental a partir de la Milla 201 y si bien está prevista alguna evaluación por parte de un equipo creado para tal fin, no se establece en el acuerdo “qué pasaría si no se cumple con ese estudio de impacto o con las recomendaciones que tenga ese estudio. Se queda un poco corto en ese sentido, de todas formas, es otra herramienta más que se sumaría, pero tampoco creo que sea la solución real para el problema”, consideró Wöhler.
“Lo que todos nos preguntamos es qué pasa con el tema Malvinas”, dijo entonces el hoy director de Investigación del INIDEP y no fue el único. César Lerena, un incansable estudioso en la materia, también dejó en claro su punto de vista respecto de este tratado y el impacto que a su entender tendría sobre la soberanía nacional.
Para el profesor Lerena existe el peligro de darle a través de la implementación de este acuerdo un estatus de país ribereño al Reino Unido, dado que “promueve la constitución de organizaciones regionales de integración económica, constituidas por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan cedido su competencia”, por lo que considera que: “la Argentina no debe aceptar estas ‘organizaciones’ mientras el Reino Unido ocupe los archipiélagos y territorios marinos argentinos en el Atlántico Suroccidental, porque implicaría una mayor penetración británica en la región y reconocer la condición de Estado ribereño a este país invasor”.
