“CONSECUENCIAS DEVASTADORAS“
Los gobernadores señalaron además que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras”.
Además, remarcaron también “la importancia de apoyar una industria pesquera que otorgue valor agregado a las exportaciones, generando empleo local, y dinamizando la economía a través de constantes inversiones destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad del sector”.
En ese sentido, señalaron que “las medidas anteriormente señaladas, aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, teniendo así como resultado “una menor recaudación por parte del Estado Nacional, como consecuencia de la imposibilidad de exportar determinados productos que terminarían resultando antieconómicos”.
Por último, los gobernadores plantearon que: “en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, vamos a tener consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las provincias patagónicas, con los serios perjuicios que esto acarrearía para el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, debilitando asimismo la soberanía económica”.
MILES DE EMPLEOS EN RIESGO
Ignacio Torres apuntó contra el actual asesor del presidente Javier Milei: “(Federico) Sturzenegger sabe de pesca lo que yo sé de física nuclear”, comentó con dureza, y agregó que “sorprende la torpeza con la que se avanzó sin haber consultado con el empresariado que genera muchísimos dólares para la Argentina y sin haber consultado a los gobernadores que tenemos la responsabilidad de sostener la paz social en un momento donde los gremios están movilizándose. Hay miles de puestos de trabajo en riesgo con esta medida”.
POSICIONAMIENTO POLÍTICO
El bloque patagónico protagoniza un fuerte posicionamiento político institucional enfrentando el paquete económico del presidente Javier Milei. A las resistencias sociales que generaron su mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el posterior proyecto de “ley ómnibus” se les suman ahora los reclamos de los gobernadores que, cada vez más, aguardan un gesto que alivie las alicaídas arcas provinciales, tal como se comprometió el mandatario durante su encuentro con ellos en la Casa Rosada.
“Nadie del gobierno ha convocado a los gobernadores a discutir el DNU ni la ley ómnibus. Tampoco han convocado a reuniones bilaterales. No hay diálogo del gobierno con las provincias. No hay interlocución política. Ni con el Presidente ni con los ministros”, arrecian las quejas de las provincias. Y, en este contexto, el pronunciamiento conjunto de cinco mandatarios de diferente extracción partidaria representa un hecho político e institucional de trascendencia.
