El calamar argentino es considerado una especie clave; ocupa un rol central en la cadena trófica y sirve de alimento para peces de importancia comercial como la merluza y el atún, así como para mamíferos marinos y aves. Además, en Argentina representa hasta el 18% del valor total de exportaciones pesqueras, con ventas por más de 300 millones de dólares en 2023, valor que en la temporada de pesca de este año 2025 fue ampliamente superado.

La pesquería se concentra en la plataforma patagónica y áreas adyacentes, donde confluyen corrientes marinas que generan zonas altamente productivas. Sin embargo, la migración de la especie más allá de la Zona Económica Exclusiva Argentina expone al recurso a una explotación sin control en aguas internacionales.

Cada año, cientos de buques poteros provenientes de China, Taiwán y Corea del Sur se concentran en la denominada “milla 201”, justo fuera de la jurisdicción argentina. El informe estima que entre 2019 y 2024 operaron allí en promedio 343 buques poteros por año, con un aumento del 65% en las horas de pesca durante ese período. El 91% de ese esfuerzo correspondió a embarcaciones con bandera china de ultima generación.

Las luces utilizadas para atraer a los calamares son tan potentes que forman, en la superficie del mar, un resplandor visible desde los satélites. Esta concentración, que algunos describen como “una ciudad flotante”, contrasta con el régimen regulado dentro de aguas argentinas, donde rigen licencias, monitoreo electrónico y cierres de temporada.

Los desembarques muestran un patrón cíclico de auge y caída. Tras la crisis de 2009, la pesquería logró recuperarse, pero no ocurrió lo mismo luego de la caída de 2016. Los índices de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) se mantienen en niveles preocupantemente bajos desde entonces, aguas afuera de Argentina.

Científicos del INIDEP alertan que un solo año de sobrepesca, sumado a condiciones ambientales desfavorables, podría detonar el colapso de la especie. El antecedente de la pesquería de calamar de corta vida en el Atlántico Norte, que colapsó en los años 80, refuerza la advertencia.

Además del daño ambiental, la investigación documentó testimonios de 169 tripulantes —principalmente indonesios y filipinos— que revelan un alto riesgo de trabajo forzoso en la flota potera de alta mar. Denunciaron golpes, jornadas extenuantes, retención de salarios y prácticas violentas como el arponeo deliberado de lobos marinos y la pesca ilegal dentro de zonas prohibidas

Más de un 60% de los buques chinos identificados en entrevistas estarían vinculados a episodios de violencia física o muertes de trabajadores. Estas condiciones se ven favorecidas por la permanencia prolongada de los barcos en el mar, abastecidos y descargados mediante transbordos que les permiten evitar controles portuarios.

La EJF concluye que la falta de un marco regional para gestionar la pesquería compromete no solo la sostenibilidad del recurso, sino también los ecosistemas y comunidades que dependen de él. La organización reclama medidas de gobernanza colectiva en alta mar, cooperación científica entre países y controles más estrictos para asegurar condiciones laborales dignas.

De no mediar acciones coordinadas, el calamar argentino podría seguir el mismo camino que otras pesquerías ya colapsadas en el mundo. Con una gestión adecuada por fuera de la milla 200, en cambio, el recurso podría sostener la biodiversidad marina y continuar siendo motor económico para Argentina y la región.