Si bien hubo intentos de bajarle el tono al tema ante el empresariado nacional que se dedica a la explotación del calamar Illex, los gobiernos de ambas jurisdicciones plantean la posibilidad de generar un corredor desde puertos provinciales hasta la Milla 200. Una alternativa que suma incertidumbre.
Anuncios y aclaraciones
Por su parte, el embajador de China en Argentina, Wei Wang, celebró la posibilidad de realizar futuros encuentros para potenciar los vínculos bilaterales y manifestó su intención de visitar y conocer la provincia de Chubut, mientras que Torres concluyó instando a gestionar las posibles inversiones asiáticas en el territorio chubutense a través de la Embajada “para que los futuros inversores conozcan el potencial de la provincia en materia energética, productiva, industrial y turística, que hoy captura la mirada del continente asiático”.
Tras el anuncio oficial, a través de los canales de comunicación del Gobierno, hubo esmero de funcionarios del gabinete en intentar explicar al sector potero argentino que no se había querido decir lo que se dijo. Una tibia desmentida a la que pocos le otorgaron crédito.
Aliados estratégicos
Con todo, el día anterior, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, reunió a todo el arco pesquero empresario con inversiones en su provincia para aportarle certezas sobre cuáles son sus políticas de desarrollo productivo.
El exdirigente petrolero se mostró abierto a recibir ideas y sugerencias por parte del empresariado. Vidal instó a los presentes a ver a países como China “no como competidores, sino como aliados estratégicos”.
Desde el gobierno santacruceño también hubo un mensaje de tranquilidad para los inversores de empresas nacionales en la explotación del calamar, pero a nivel comunicacional, en cada entrevista se continúa hablando y barajando la alternativa de crear una especie de corredor entre la milla 200 hasta estos puertos patagónicos.
Más allá de las manifestaciones públicas y las desmentidas ‘no públicas’, el tema genera polémica por los efectos negativos que provocaría en la flota potera nacional, desde donde se sostiene que medidas de este tipo pondrían en riesgo inversiones y empleo argentino, por la desleal competencia con una flota que faena la misma especie.
