Si bien los fenómenos biológicos y climatológicos, como El Niño, han contribuido a esta problemática, el principal factor señalado es la actividad depredadora de la flota china. Aunque estas embarcaciones operan legalmente en aguas internacionales cercanas a las 200 millas marítimas del Perú, existe evidencia de incursiones ilegales en el territorio marítimo nacional, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del calamar gigante.

El Ministerio de la Producción ha implementado nuevas regulaciones destinadas a mitigar esta amenaza. Entre las medidas destacan la instalación obligatoria de dispositivos GPS (AIS) para mejorar el monitoreo y control de las flotas extranjeras. Sin embargo, la efectividad de estas normativas dependerá de su estricta aplicación y supervisión.

La crisis ha golpeado duramente las exportaciones de harina de calamar peruana. Durante el periodo enero-octubre de 2024, estas cayeron un 64% en comparación con el mismo periodo de 2023, reflejando un impacto severo en el mercado internacional.

En este contexto, resulta urgente fortalecer las acciones de vigilancia, aplicar sanciones contundentes contra la pesca ilegal y adoptar estrategias sostenibles basadas en evidencia científica. El futuro de la pesquería de pota y la seguridad alimentaria del Perú dependen de una respuesta coordinada y efectiva ante esta crisis.

Históricamente, el Perú lideró los desembarques de calamar gigante a nivel mundial, consolidándose como un pilar de la seguridad alimentaria y el empleo en las comunidades costeras. Sin embargo, en los últimos años, el panorama ha cambiado drásticamente. La actividad de flotas extranjeras, especialmente chinas, ha generado una sobreexplotación del recurso. Estas flotas, frecuentemente posicionadas en el límite de las 200 millas náuticas peruanas, han sido señaladas por pescadores locales de ingresar ilegalmente al territorio marítimo del Perú para capturar calamar, empleando prácticas depredadoras como el apagado de radares y la pesca nocturna con luces intensas.

El impacto de esta crisis se extiende más allá del ecosistema. La sobreexplotación ha disparado el precio de la pota en los mercados locales, pasando de cuatro soles a más de 24 soles por kilo, convirtiéndola en un producto inaccesible para muchas familias. Pescadores que tradicionalmente dependían de este recurso denuncian haber quedado sin empleo y se ven obligados a buscar alternativas de subsistencia, como la recolección de conchas de abanico.

A este panorama se suman las debilidades en la gestión y protección de los recursos marítimos peruanos. Investigaciones revelan que algunos barcos chinos, acusados de pesca ilegal, reciben mantenimiento en los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), lo que ha suscitado cuestionamientos sobre posibles vínculos entre la flota extranjera y las autoridades locales. Mientras otros países, como Argentina (ahora flexibilizadas por la apertura permisiva de la flota extranjera en territorio nacional para su abastecimiento logístico y reparaciones abiertamente en Santa Cruz) y Uruguay, han tomado medidas firmes para detectar y sancionar estas actividades, en el Perú prevalece una narrativa oficial que atribuye la escasez de calamar únicamente al fenómeno El Niño, pese a la evidencia de prácticas ilegales.

Además de las acciones de flotas extranjeras, la falta de investigaciones científicas recientes sobre el calamar gigante en aguas peruanas desde 2019 ha profundizado la incertidumbre. Según Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sostenible del Calamar Gigante del Pacífico Sur (CALAMASUR), el sector experimentará una caída de hasta el 50% en su valor para 2024 si no se toman medidas urgentes. Miranda subraya que la sostenibilidad de esta pesquería, que sustenta a más de 20,000 pescadores y sus familias, depende de acciones inmediatas y coordinadas.

Entre las propuestas destacan el fortalecimiento de la vigilancia satelital, el control más estricto de las flotas extranjeras y una gestión basada en criterios científicos y transparentes. Asimismo, es crucial intensificar la cooperación internacional a través de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO) para garantizar un manejo sostenible y equitativo del recurso.

El Perú se encuentra en una encrucijada. La riqueza del calamar gigante, que representa más del 30% del volumen mundial de esta especie según la FAO, no solo es un motor económico, sino también un símbolo de soberanía y sostenibilidad. Enfrentar esta crisis requerirá voluntad política, compromiso sectorial y una visión de largo plazo que priorice la conservación de los ecosistemas marinos y el bienestar de las comunidades. Permitir que intereses extranjeros depreden los recursos peruanos sería un error histórico; protegerlos es un deber ineludible.