Desde el monitoreo satelital hasta la intervención judicial, el Estado argentino despliega un esquema combinado de control aeronaval y patrullaje marítimo para prevenir la pesca ilegal.
La vigilancia permanente del mar argentino combina monitoreo satelital, patrullas aeronavales y procedimientos legales específicos para actuar frente a la pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Desde 2022, con la creación del Comando Conjunto Marítimo, el país reforzó su capacidad de control y disuasión sobre los recursos naturales.
El capitán de fragata Darío Proni Maiolini explicó que el balance de este año es positivo, en gran parte por la incorporación de nuevas aeronaves, que permitieron retomar de manera sostenida los vuelos de control marítimo. “La Argentina volvió a tener presencia en el mar y a ejercer soberanía sobre sus recursos, lo que permite disuadir a los pesqueros que intentan operar de manera ilegal”, señaló.
El Comando Conjunto Marítimo, con sede en la ciudad de Buenos Aires, concentra el monitoreo satelital de todos los buques que operan en proximidades de la milla 200. Desde allí se ejerce el control operacional de las acciones conjuntas entre unidades aeronavales, flota de mar y divisiones de patrullado marítimo, con el objetivo de prevenir la depredación ilegal de los recursos pesqueros.
Durante los vuelos de vigilancia más recientes se detectaron concentraciones de hasta 350 buques extranjeros operando al borde de la ZEEA, una cifra que refleja la presión constante que enfrenta el Mar Argentino.
Como resultado de este seguimiento constante de la flota pesquera extranjera, la actividad de vigilancia se intensifica especialmente ante el advenimiento de la zafra del calamar Illex argentinus. Entre diciembre y marzo, el recurso realiza su ruta migratoria natural atravesando la plataforma argentina y el talud continental, lo que convierte a esa franja marítima con profundidades hasta los 200 metros en un punto de máxima concentración de buques poteros extranjeros, a la espera del desplazamiento del calamar hacia aguas internacionales o intentando incursiones ilegales dentro de jurisdicción argentina.
Cuando se detecta un buque extranjero dentro de la Zona Económica Exclusiva, el primer paso del procedimiento es dar aviso a la Subsecretaría de Pesca de la Nación. En simultáneo, se le da intervención a la fiscalía federal que corresponda según la ubicación geográfica del hecho.
En los casos en los que se comprueba actividad de pesca ilegal mediante unidades de superficie, se inicia un procedimiento de persecución. Este protocolo contempla el seguimiento del buque infractor y, de ser posible, su captura. Si la intercepción no puede concretarse, se realiza un contacto radial por el canal 16 de VHF, dejando constancia de la infracción y notificando que se adoptarán acciones legales contra el armador o el Estado de bandera del buque involucrado.
Según explicó Proni Maiolini, una situación recurrente es la de buques que “pinchan” la línea de la ZEEA por márgenes muy reducidos. “Detectamos ingresos momentáneos de entre 50 y 100 metros. A veces nos ven y salen, o los encontramos maniobrando para retomar navegación, pero igualmente están en infracción”, advirtió.
El procedimiento ante la detección de un buque pesquero en el área se ha tornado sensiblemente más complejo, al incorporar circuitos de verificación y notificación que exigen intercambios reiterados por enlace radial y mensajería formal mediante GFH (grupo fecha-hora). Esta dinámica, para el personal de puente, se traduce en una operatoria de elevada carga documental y trámites administrativos de rigor; en consecuencia, frente a la presencia de unidades extranjeras sin autorización dentro de la ZEEA, en ocasiones la intervención se difiere o incluso se omite para evitar la sobrecarga procedimental.
Uno de los más de 50 mensajes enviados y recibidos por un Capitán de Pesca que cumplió con el deber ciudadano de proteger la milla 200. El material inédito es parte de todos los mensajes recibidos en permanente contacto con PESCARE, desde el día 23 de abril de 2020, cuando se dio origen a la posterior captura de los buques Lu Rong Yuan Yu 668 y Hong Pu 16 (ambos poteros de bandera china), por parte de la Prefectura Naval Argentina, con un despliegue de la Central de Tráfico Marítimo a las órdenes del Prefecto Mayor Néstor Kiferling, (actualmente Director de Tráfico Marítimo y recientemente ascendido a Prefecto General), bajo la dirección del Prefecto General Carlos Villarreal (actualmente Director General de la PNA y Nro.3 en la sucesión de mandos de la fuerza).
Aun con el fortalecimiento institucional que implicó la creación del Comando Conjunto Marítimo, en el plano operativo persisten zonas de coordinación que —por la naturaleza misma de las competencias— se ubican en un umbral delicado entre el ámbito de la Defensa y el de la Seguridad. Esa zona gris no siempre termina de traducirse en criterios claros y homogéneos de operatividad que dependen de la relación entre miembros de cada fuerza, algo especialmente sensible cuando la respuesta exige rapidez, trazabilidad y protocolos consistentes.
En ese contexto, distintos actores del sistema marítimo reconocen que las diferencias entre fuerzas pueden hacerse más visibles en tareas de patrullaje y control sostenido, donde la conducción y la ejecución deben integrarse sin superposiciones. La Prefectura Naval Argentina ha sido históricamente la fuerza que impuso el patrullaje y la presencia efectiva en el mar, por lo que la articulación con la Armada en un esquema conjunto requiere seguir afinando reglas de intervención, responsabilidades y coordinación, para potenciar capacidades complementarias y reforzar la eficacia del control en la milla 200.
La vigilancia permanente del mar, el uso de tecnología y la coordinación entre fuerzas permiten hoy a la Argentina detectar y responder ante incursiones dentro de la ZEEA. En un escenario de alta presión de flotas extranjeras, sostener la presencia y el control resulta clave para proteger los recursos pesqueros y ejercer soberanía de manera efectiva.
