Desde la Cámara Pesquera Argentina – Armadores Langostineros Federales Argentinos (CAPEAR-ALFA) señalaron que estas flotas extranjeras se desplazan año tras año miles de millas hasta posicionarse sobre la continuidad del talud submarino argentino, en el límite de la milla 200. En esa zona desarrollan operaciones de pesca intensiva, principalmente sobre el calamar Illex argentinus y otras especies de alto valor comercial.

De acuerdo con el sector, estas operaciones se caracterizan por una dinámica coordinada, con buques que se turnan para ingresar y salir del área, registrándose prácticas como el apagado del sistema de identificación automática (AIS) y variaciones deliberadas de latitud, lo que evidencia un alto grado de planificación y persistencia.

La cámara pesquera marplatense sostiene que “permitir el refugio de estas embarcaciones dentro de la ZEEA no constituye una acción neutral desde el punto de vista operativo, ya que facilita la logística de una flota que opera en el límite de la legalidad”. Señalan además que “las condiciones climáticas del Atlántico Sur han funcionado históricamente como una barrera natural para la actividad pesquera intensiva, y que ofrecer abrigo controlado reduce los costos y riesgos asociados a estas operaciones”.

Otro de los puntos mencionados es el respaldo logístico que estas flotas reciben en puertos extranjeros, particularmente en Montevideo, donde acceden a servicios y facilidades que refuerzan su capacidad de permanencia en la región.

En este contexto advierten que “la combinación de apoyo en puertos vecinos y el refugio autorizado dentro de la ZEEA configura un escenario que debilita la posición argentina en materia de control y administración de los recursos pesqueros”.

Si bien se reconoce que la seguridad de la vida humana en el mar es un principio fundamental, desde CAPEAR-ALFA consideran que este criterio “no debería derivar en medidas que consoliden la presencia de flotas extranjeras que han sido cuestionadas por vulnerar la jurisdicción nacional. En ese sentido, subrayan la necesidad de mantener criterios estrictos y coherentes para la defensa de los mares australes”.

Finalmente, la entidad expresó su preocupación por la decisión adoptada e instó a las autoridades nacionales a “revisar los protocolos de refugio y a fortalecer los mecanismos de control”. El objetivo, indicaron, “es priorizar la protección de los intereses de la Argentina y de su flota pesquera, que opera bajo regulaciones vigentes y con un enfoque orientado a la sustentabilidad de los recursos”.