Consultamos a tres referentes en materia de Pesca INDNR en el Área Adyacente de la Argentina para conocer su opinión respecto de las implicancias y desafíos que presenta la puesta en marcha del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca para nuestro país.
Otto Wöhler, director de Investigación del INIDEP.
Puntualmente, sobre estos aspectos biológicos sobre los que deberá trabajar nuestro país, señala Wöhler que “debemos demostrar que algunos de los recursos que son capturados en el Área Adyacente están sobreexplotados actualmente, dentro de nuestra ZEE y fuera de ésta, por lo que deberían cesar los subsidios a las flotas internacionales que los capturan sin ningún tipo de regulación, como es el caso del abadejo. En síntesis, es una enorme oportunidad para comenzar a regular la pesca en el Área Adyacente; el desafío consistirá en estar dispuestos a aprovecharla”, concluyó.
Sergio Almada, por su parte, cuenta que desde la Prefectura Naval Argentina y a través del Equipo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos (EICEMAR), han bregado en los últimos años por la ratificación de este convenio y por su entrada en vigor, “ya que del análisis de sus objetivos y de las causales de la problemática ambiental en la Milla 201 resultaron fuertes expectativas sobre su contribución al proceso de búsqueda de una gobernanza pesquera en el área adyacente a nuestra Zona Económica Exclusiva”.
“Sin subsidios, la presencia y operación de las flotas de pesca en aguas distantes a miles de millas náuticas de sus puertos o pesquerías de origen, aún con buenas capturas, sería económicamente inviable, por lo que creemos que no podrían mantenerse, al menos en el número actual. Por eso, desde el EICEMAR vimos en su ratificación una política de Estado efectiva y coherente con las verdaderas causales del problema”, sostuvo Almada.
Al igual que Wöhler, Almada considera que la sola implementación del acuerdo no alcanza para mejorar nuestra situación, sino que será necesario trabajar intensamente para hacer de este acuerdo una herramienta que nos permita lograr al menos una pesca regulada de especies como el abadejo, en peligro de colapso, o del calamar illex, especie para la que el Consejo Federal Pesquero ha señalado que no puede aumentarse el esfuerzo pesquero.
“Somos conscientes de que por sí solo el acuerdo no puede resolver la problemática y de que su grado de contribución a la reducción del tamaño de estas flotas dependerá de varios factores, fundamentalmente, de cuán vinculante resulte el mismo en la práctica y de cómo los Estados parte asuman el compromiso contraído”, concluyó Almada.
El embajador Javier Figueroa destacó la activa participación de nuestro país durante las dos décadas de negociaciones que se requirieron hasta que se lograra alcanzar el segundo acuerdo de carácter multilateral celebrado por la OMC desde su creación, estableciéndose por primera vez prohibiciones explícitas a los subsidios que fomentan la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como la pesca de poblaciones sobreexplotadas y en zonas de alta mar no reglamentadas.
“Sin perjuicio de los beneficios globales del Acuerdo sobre Subsidios a la Pesca (ASP), el Acuerdo provee a la Argentina de una herramienta especialmente significativa, dada la situación que se genera con las flotas internacionales que operan en la milla 201 –justo fuera del límite de la Zona Económica Exclusiva–, y que se benefician de subsidios otorgados por sus países para mantener artificialmente su presencia en el Atlántico Sur”, señaló Figueroa.
En cuanto al peso que tiene este acuerdo para nuestro país, ha indicado que “representa para la Argentina un paso estratégico en la defensa de sus intereses soberanos y económicos. Con un extenso litoral marítimo y una economía en la que la pesca es un recurso estratégico, el ASP fortalece la posición de la Argentina frente a quienes se benefician hasta el momento por subsidios distorsivos. Con su implementación, el acuerdo limitará las capacidades operativas de estas flotas, al tiempo que complementará los esfuerzos que ya despliegan nuestras autoridades en tareas de patrullaje y control.
De ahora en adelante, en virtud del artículo 5 del Acuerdo, “ningún Miembro concederá ni mantendrá subvenciones otorgadas a la pesca o a actividades relacionadas con la pesca fuera de la jurisdicción de un Miembro ribereño o un no Miembro ribereño y fuera de la competencia de una OROP/AROP pertinente».
En relación con el Comité que administrará el Acuerdo (artículo 9) informa Figueroa que se mantienen pendientes las negociaciones sobre su establecimiento y que “esta será la instancia de control respecto de las prohibiciones establecidas en el Acuerdo, por lo que el formato, contenido, periodicidad y demás detalles de las notificaciones que los Miembros deberán realizar resultan fundamentales. Esto incluye notificaciones que deberá realizar la Argentina, que, aunque no tenga que notificar subvenciones propias a la pesca, sí deberá hacerlo respecto de temas como por ejemplo las determinaciones positivas sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada efectuadas por las autoridades competentes nacionales”.
“Por otro lado, cabe señalar que en virtud del artículo 12 del Acuerdo, ‘si no se adoptan disciplinas completas en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, y a menos que el Consejo General decida otra cosa, el presente Acuerdo se dará por terminado de forma inmediata’. Si bien un borrador de Disposiciones Adicionales estuvo muy cerca de ser aprobado, actualmente esas negociaciones continúan en curso”, advirtió el Embajador.
A pesar de los desafíos que presenta aún la puesta en práctica del acuerdo hasta alcanzar resultados palpables, Figueroa remarcó que representa “una importante herramienta para el combate de la Pesca INDNR, a la vez que elimina los subsidios distorsivos”.
Las observaciones de Wöhler, Almada y Figueroa dan cuenta de la gran importancia que tiene para nuestro país este acuerdo, pero dejan en claro que solo podrá ser efectiva para corregir lo que sucede en la Milla 201 si se sigue trabajando de forma seria, responsable y mancomunada entre distintas entidades gubernamentales, más allá de las administraciones y las corrientes políticas que puedan dirigir los destinos de nuestro país.
