Ayer presentaron dos notas en el Congreso, buscando hacer entender que el compromiso alcanzado por el gobernador de Chubut y el intendente de Mar del Plata resulta insuficiente. Parece imponerse la licitación nacional que aseguran destruiría las PyMEs y el empleo en tierra.
Señalan que el 99% de los países con pesquerías desarrolladas no licita sus cuotas de pesca y que en Argentina el sistema vigente viene funcionando con recursos que en general están en un punto de máximo rendimiento sostenible, con niveles de litigiosidad muy bajos.
“Decenas de actuales tenedores de cuotas pequeñas pueden ser desplazados por pocos actores poderosos durante la licitación”, han señalado; y advierten que quienes se vean desplazados, “indudablemente litigarán en contra complicando un escenario que hoy luce sin mayores conflictos. Y las embarcaciones de medianos y pequeños propietarios que se queden sin cuota incrementarán el esfuerzo en pesquerías no cuotificadas, como el variado costero o el langostino”.
“Este esquema afecta al empleo, la seguridad jurídica, los derechos adquiridos y los ingresos del propio Estado. Aun considerando los ingresos incrementales que genere esta eventual licitación nunca llegarán a compensar las pérdidas por menores ingresos de impuestos, aranceles de pesca, cargas sociales y derechos de exportación sobre productos más elaborados que actualmente abonan las empresas argentinas y que las nuevas extranjeras podrían evadir con las facilidades que les brinda este proyecto”, puntualizan.
Sostienen que las modificaciones propuestas provocarán un altísimo impacto negativo en las economías regionales desde el puerto de Mar del Plata hasta el de Ushuaia y que “los puertos de menor escala pueden quedar al margen de la actividad pesquera si sus flotas menores son despojadas de sus cuotas de pesca, así como sufrir el cierre de plantas procesadoras utilizadas por empresarios pequeños y medianos que se queden sin cuota lo cual incrementará el desempleo en localidades altamente dependientes de la actividad pesquera”.
En cuanto al impacto sobre la industria naval señalan que este proyecto ya ha generado un efecto negativo inmediato: “Nadie más va a contratar la construcción de un buque nuevo sin saber si luego podrá acceder a una cuota”, aseguraron.
Desde Intercámaras piden la eliminación completa del título destinado a la pesca en la Ley Ómnibus y preguntan: ¿Cuál es el objetivo de tamaña reforma que no registra antecedentes, ni siquiera parecidos, en la historia de la actividad pesquera argentina?, ¿qué sentido tiene un cambio regulatorio tan profundo en una actividad productiva que es el sostén de miles de familias argentinas?, ¿dónde queda el esfuerzo de la administración pública y del sector privado en su conjunto para darle sustentabilidad ambiental, cultural, económica, laboral, y jurídica a la pesca?, ¿a quienes están destinados los beneficios de la reforma legislativa?
Las cámaras pesqueras marplatenses y los gremios marítimos, por su parte, ponen el foco en las que se cree serán las reformas que el gobierno aceptará hacer a las modificaciones propuestas, indicando que ya “era disparatado permitir la operatoria desde puertos extranjeros y con tripulación extranjera, pero también debemos reiterar que licitar cuotas de captura ya sea internacional o nacionalmente no agregará transparencia al sector, sino mayor inseguridad jurídica, paralización de inversiones y riesgo a los actuales puestos de trabajo”
Y adelantándose a lo que parece ser un hecho, advierten que “no alcanza con corregir el error eliminando la modificación a los artículos 25 y 40 de la Ley 24.922 y cambiando la Licitación Internacional por Nacional. Esto también será altamente perjudicial para el empleo y la salud de un caladero que se encuentra en su máximo rendimiento biológico”.
Al igual que lo hizo Intercámaras, señalan que las modificaciones normativas que el sector necesita “pueden y deben discutirse en el seno del Consejo Federal Pesquero, organismo federal por excelencia, que ha permitido la recuperación de todas las pesquerías marítimas, a través de las decisiones adoptadas a lo largo de más de 25 años”.
Finalmente, Intercámaras, las cámaras marplatenses y los gremios hacen un llamado al Poder Ejecutivo, a través de los legisladores, para revisar y modificar la suba plana de los derechos de exportación: “Subsidiariamente le pedimos a los señores legisladores que no se dé lugar a la modificación de los valores de los derechos de exportación que se incluyen en la Sección VI” y agregan que la segmentación de las retenciones “tiene como lógica fomentar el agregado de valor basado en la estructura de costos de cada producto, algo que llevó años de análisis y negociaciones con distintos gobiernos”.
Las manifestaciones públicas de los gremios ya han comenzado a verse en las calles de la Capital Federal. Ayer marchó el SOMU y, si con el correr de los días, el panorama no se despeja y la materialización de la licitación se vuelve inminente, no se descarta que como a fines de los noventa volvamos a estar ante un barcazo.
