Ana Parma expresó desde su perspectiva académica la inconveniencia de la desregulación del régimen pesquero de Argentina. Criticó aspectos del proyecto de reforma que forma parte de la Ley Ómnibus que está bajo análisis en el Congreso.
Estimaciones de biomasa
“No me imagino cómo se piensa poder controlar el nivel de extracción si no hay obligación para descargar en los puertos del país. Desde el punto de vista técnico, desde donde puedo opinar, en base a mi experiencia académica es señalar que para el manejo ordenado de esta actividad es esencial que haya una evaluación regular del estado los recursos para ajustar las cuotas”, mencionó la prestigiosa investigadora en declaraciones a REVISTA PUERTO.
La bióloga sostiene que se está ante el riesgo de perder avances que se lograron durante décadas en materia de conservación y sustentabilidad de las pesquerías.
“Sin poder monitorear, con la mayor precisión posible, el nivel de desembarcos es imposible darle seguimiento a un recurso. La captura da la escala de la abundancia del recurso. Para poder hacer una estimación de biomasa del recurso que se está explotando se requieren datos precisos de lo que se captura”, insistió en tono crítico a uno de los puntos del proyecto actualmente en debate en el Congreso Nacional.
Ordenamiento y previsibilidad
Parma dijo que la cuotificación es mejorable, pero ha significado un camino en la administración de las pesquerías. “Por supuesto que comparto la preocupación en términos de ir hacia atrás en algo que se ha avanzado con la implementación del Régimen Federal de Pesca, a pesar que sea perfectible, respeto al ordenamiento de la actividad”, sostuvo la académica.
“Es inimaginable cómo una industria puede planificar su actividad si no tiene ninguna seguridad de acceso al recurso, que es lo que se logró con la cuotificación, dándole previsibilidad en términos de la participación, lo cual es fundamental para desarrollar inversiones en el sector”, enfatizó.
Crítica a las licitaciones
La investigadora del CONICET considera inconveniente un esquema desregulatorio con licitaciones de cuotas al mejor postor. “Comparto la preocupación que han expresado los gobernadores y los representantes del sector. No logro imaginar cómo se puede ordenar una actividad con la imprevisibilidad que supone licitar las cuotas anualmente”, cuestionó.
“Desde el punto de vista académico puedo señalar que tal como se plantea no cierra desde el punto de vista del monitoreo de los recursos, aspecto que es central para un manejo ordenado de las pesquerías”, concluyó.
