En este marco, el proyecto, según la propia ex candidata a la presidencia de la Nación, en una entrevista en el capitalino medio TN, dijo ser del equipo económico de su espacio; y ahí es donde se justifica que el PRO, desea llevarlo a tablas pero ya aceptando algunos cambios, principalmente los que competen a los gremios (como el arribo a puertos argentinos y el referido al art.40 de la Ley Federal de Pesca que esgrime la necesidad de contar con mano de obra argentina sobre los buques pesqueros), el resto, solo se atrevieron a modificar -verbalmente- la idea de una licitación internacional por una nacional, mediando el paraguas de la soberanía en dicho esquema.

Por el momento, para Mar del Plata, y a pesar de las innumerables reuniones con distintos bloques de congresales, las manos aún están vacías; pues no se respeta el espíritu del art.27 de la Ley Federal de Pesca, como la historia, inversiones, capacidad instalada y cantidad de personal, más aún las cuotas de CITC preexistentes.

Hoy todo es descreimiento desde el sector marplatense, a punto máximo que el mismo solicito una entrevista con uno de los dos pilares que sostuvieron aquella reunión con el Ministro del Interior Guillermo Francos, el actual intendente municipal Guillermo Montenegro; quien alineado a las bajada de línea del PRO, aun no se expidió con la idea de sacar los 12 artículos del Capítulo III del proyecto Ley Ómnibus, que esta semana tendrá definiciones.

Hoy un esquema productivo de Mar del Plata sigue siendo desoído y con expresiones del propio Presidente de la Nación, quien expresó, entre otras cosas, que si la Ley Ómnibus no se aprueba “vamos a tener que hacer un ajuste mayor” y la respuesta del sector marplatense es ¿más todavía?, puesto que ya el DEX al 15% es de un desconcierto tal que deja afuera del mercado los precios argentinos productos de costos que vuelan en cohete y precios que descienden a mínimos preocupantes.

El “poroteo” (como se conoce a la cuenta previa de votos de los legisladores) estaría indicando –según periodistas especializados en la legislatura- que hasta la noche del domingo habría 110 votos que rechazarían la reforma (serían 102 de Unión por la Patria, 3 socialistas y 5 de izquierda), sumando 72 quienes apoyarían la reforma.

En el principio de la semana pasada algunos pretendieron “vender” (incluso a través de medios de comunicación) que se iba a derogar por completo la Sección III del DNU, que se ha confundido con el Capítulo III, pero este se refiere a “Cultura”. Tecnicismos y viejas costumbres de la cámara de Diputados, que entre gallos y media noche termina ungiendo un proyecto de Ley sin precedentes para la industria pesquera, naval y exportadora.

Algunos actores de la pesca se ofuscaron ante un título y bajada de esta Editorial: “Después de una semana de debate parlamentario, la pesca sin novedades… y varios zorros en el gallinero. Después de una semana de debate parlamentario, la histórica y pujante pesca de Mar del Plata, solo con un racimo de flores en la mano. Se evangelizó a un centenar de funcionarios, diputados, senadores y asesores, pero la escisión de los 12 artículos del proyecto de Ley Ómnibus, aún permanecen intactos”.

Los más pragmáticos dejaron entrever, aportando ideas rápidas desde aquella lejana reunión del 3 de enero en el Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata y posterior reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof –que parece no haber tenido efecto-, que la manifestación del sector, desde las empresas y los trabajadores, no sólo tenía que ser multitudinaria y particular.

Fácil respuesta a ese pensamiento, que era el de muchos y que nos remitía a aquel domingo 30 de mayo de 1999 donde el sector se movilizó de verdad y llevó a cabo el ya casi olvidado por muchos “barcazo” que movilizó a la flota y a más de 85.000 ciudadanos marplatenses en la costa de la ciudad, constituyendo la mayor movilización de Mar del Plata ante un atropello semejante.

Hoy los principales fundamentos críticos a las reformas del Régimen Federal de Pesca esgrimen que no necesarias ni convenientes. El sector pesquero argentino ha demostrado ser eficiente y sustentable bajo el régimen actual, sosteniendo pilares básicos de la actividad como lo biológico, económico y social.

Las reformas son una apertura del mar argentino a flotas extranjeras. Esto provocaría la pérdida de la soberanía nacional, la depredación de los recursos y la destrucción de la industria pesquera, procesadora y naval argentina.

Las reformas son inequitativas. Abandonan los criterios de mérito establecidos por los artículos de la ley actual y favorecen a las flotas extranjeras. En 15 años de aplicación de la Ley Federal de Pesca no hubo sector que haya esgrimido una queja; el modelo funciono equitativa y responsablemente para todos los participantes, el principal, la sostenibilidad del caladero y el secundario, la sustentabilidad y pujanza del sector participante.

Las reformas son perjudiciales para la economía y el empleo. Provocarían la pérdida de miles de puestos de trabajo y desaparecerían millones de dólares en exportaciones.

En resumen, las principales propuestas del sector son:

  • Eliminar el Capítulo III de la Ley Ómnibus.
  • Mantener el actual sistema de renovación de cuotas.
  • Establecer un arancel de renovación.
  • Ratificar al CFP como máxima autoridad pesquera.
  • Eliminar el aumento de los Derechos de Exportación DEX.

Estas propuestas buscan garantizar la soberanía nacional sobre los recursos vivos del mar, el desarrollo sostenible de la actividad, y la equidad entre los participantes del sector.

En definitiva, las reformas propuestas al Régimen Federal de Pesca, hoy como está delineado el escenario, plantean un grave riesgo para el sector pesquero argentino y para la economía del país en general. Los argumentos críticos presentados demuestran que estas reformas no son necesarias, urgentes ni convenientes, y que tendrían consecuencias negativas para la soberanía argentina en el mar, la sustentabilidad y la competitividad del sector. Por cuanto desde el sector, solicitan a los participantes de ambas cámaras y el PEN que se permita escindir los artículos 242 al 253 para analizar por separado y profundamente una revisión sobre la base de la propia Ley, incluso sobre las CITC que este año quedaran caducas a partir del 31 de diciembre; como así también  se mantengan los valores vigentes de los derechos de exportación (DEX) previos a este ligero proyecto.