España reconoce que sus pesqueros se benefician en el Atlántico Sur y en Malvinas por la ausencia de organizaciones regionales de pesca y del vacío diplomático pesquero entre la Argentina y el Reino Unido.
Para reducir ese flagelo, la FAO recomienda promover los instrumentos y mecanismos internacionales que regulan la pesca responsable, fomentar una mayor cooperación internacional en la gobernanza pesquera y adoptar acciones más estrictas de vigilancia y verificación de capturas.
Las directrices de la FAO en el Atlántico Suroccidental no han tenido aun el éxito esperado en particular en lo que hace a la pesca ilegal de merluza y de calamar illex y loligo. El informe Sofia (FAO, 2024) estima que al menos el 30% de las capturas en esa área son INDNR. Según la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, la Argentina es el tercer país del mundo más perjudicado por la pesca ilegal.
Tal es así, que España reconoce (en la página web. del Ministerio de Agricultura y Pesca) que los pesqueros españoles se benefician en el Atlántico Sur y en Malvinas por la ausencia de organizaciones regionales de pesca (OROP), de medidas de conservación de recursos vivos marinos y del vacío diplomático pesquero entre la Argentina y el Reino Unido.
También afecta la adopción de medidas más eficaces contra la pesca furtiva, la poca cooperación regional pese a la Declaración del Mercosur contra INDNR (Mendoza, 2017) o a la OROP argentino uruguaya establecida por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
La terminal Puerto Capurro en la Bahía de Montevideo, por ejemplo, parece haber sido diseñada para ser el principal puerto logístico para el enjambre pesquero ilegal que opera al filo de la milla 200 o en las aguas circundantes a Malvinas.
Las facilidades que otorga Puerto Capurro están representadas, según el Instituto Nacional de logística del Uruguay, por normas fiscales y aduaneras especiales además de procedimientos legales laxos sin exigencias de supervisión de carga o tramites especiales pese a que Uruguay es parte de los Acuerdos de Viñas del Mar sobre el control de buques y de la FAO sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP) para prevenir específicamente la pesca INDNR.
Poner un freno a la pesca furtiva que afecta los caladeros argentinos, es cada día más apremiante. Un paso, de conformidad con la FAO, sería lograr respuestas concertadas en el Mercosur que combinen la regulación internacional pesquera con propuestas regionales que tiendan a poner límites sobre el tamaño de las flotas pesqueras además de impulsar medidas diplomáticas colectivas para desincentivar la pesca ilegal y prohibir las subvenciones a la pesca.
De lo contrario, la sobreexplotación de los recursos pesqueros seguirá creciendo geométricamente con consecuencias irreversibles para los caladeros y los ecosistemas marinos del Atlántico Sur.
