Por mayoría el Consejo Federal Pesquero abrió la puerta para el ingreso de 18 barcos a la pesquería de calamar illex. El consejero bonaerense, Carlos Liberman, argumentó extensamente su voto negativo.
Para dar viabilidad a esta iniciativa era necesario contar con el aval del INIDEP y llegó esta semana. En la nota que tampoco se hizo pública, pero ya circuló en el sector, el Director de Investigación señaló que la flota argentina de poteros es «relativamente limitada» frente al número de embarcaciones extranjeras que operan en la zona, con solo 84 unidades activas en la presente temporada, cifra «muy inferior» a las 150 que llegaron a operar —entre propias y charteadas— en los inicios de la pesquería.
Los argumentos del Ejecutivo centrados en “una posición geoestratégica” avalada por el INIDEP, la creación de empleos y divisas fueron suficientes para que todos los consejeros dieran su voto positivo, a excepción del representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Líberman, que argumentó su voto negativo basándose en la cuestión biológica.
El representante de la Provincia de Buenos Aires votó en contra del proyecto argumentando que la nota del Director de Investigación del INIDEP contiene “solo apreciaciones generales» que “no permite alcanzar un análisis del posible impacto del incremento del esfuerzo que implicaría 18 nuevos permisos para nuevos buques de hasta 1.300 m3 de bodega cada uno de ellos”.
Señaló que el argumento central del Director del INIDEP —que dos de los cuatro stocks comerciales de calamar migran hacia la milla 201 y aguas circundantes a Malvinas, donde son capturados por flotas extranjeras— no alcanza para justificar un aumento del esfuerzo pesquero, dado que “el Stock Desovante de Verano, que no sigue ese patrón migratorio, es hace años el eje de la pesquería nacional y pudo haber representado más del 50% de las capturas en más de una zafra”.
“Cabe resaltar que además de ser insuficiente la documentación científica que sería imprescindible, tampoco se ha contado con una instancia de estudio de las presentes actuaciones y de otras piezas que permitan lograr un análisis biológico y productivo que permita advertir si lo que se proyecta es beneficioso para nuestros recursos y para nuestras empresas y trabajadores o si, por el contrario, más buques de gran porte llevarán a nuestro calamar a un nivel de presión pesquera que resulte en grave perjuicio biológico, ambiental, productivo y social”, reclamó Liberman.
Agregó que el proyecto —de 21 artículos y 5 anexos— ingresó al CFP el mismo día de su votación, sin figurar en el orden del día previo, lo que impidió cualquier análisis con “informes elaborados por el personal científico-técnico abocado a la pesquería”. Destacó además que la propia Cámara de Armadores Poteros condicionó su acompañamiento a una «opinión favorable del INIDEP en cuanto a la sustentabilidad biológica del recurso», condición que a su entender no fue cumplida.
Entre otras objeciones normativas, cuestionó “que se permita la admisibilidad de proyectos de empresas con hasta dos incumplimientos previos de reprocesamiento en tierra”, que no se establezcan “límites de concentración en la tenencia de permisos” y puso en tela de juicio que la limitante de admisibilidad de proyectos vinculados a Estados extranjeros se subsane con una declaración jurada que “la autoridad de procedimiento podrá verificar en caso de considerarlo”.
Por otra parte, consideró desacertado que se delegue en la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera la facultad de declarar o no “inadmisible un proyecto”. En ese sentido señaló que la falta de tiempo le impedía realizar un análisis “de todas las demás cuestiones normativas y de política pesquera”, situación que en el derecho administrativo se evita para que sus actos “no devengan incausados”.
Por último, describió como “una situación de gravedad inusitada” que los proyectos con descarga en la Provincia de Buenos Aires reciban una calificación inferior a los que proponen operar en otros puertos argentinos. “Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional”, concluyó tras acompañar la solicitud de CAIPA de analizar en la Comisión de Seguimiento del Calamar la propuesta del Ejecutivo.
Con el voto de Buenos Aires como única disidencia, la correlación de fuerzas en el CFP no deja margen para revertir la decisión. La convocatoria está abierta y los proyectos comenzarán a evaluarse; lo que reste por discutir —la solidez del respaldo científico, los límites de concentración de permisos, el trato diferencial a los puertos bonaerenses— probablemente se canalice por la vía administrativa o en la Comisión de Seguimiento del Calamar, tal como solicitó CAIPA.
