Fue el mensaje que le dejaron los principales empresarios pesqueros al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, en su primer encuentro con el sector. “La combinación de costos en dólares, precios internacionales a la baja y presión impositiva hace insostenible la actividad”, le advirtieron.
El encuentro sirvió, según comunicaron, para plantear la crítica situación que atraviesa el sector y reclamar la eliminación de los derechos de exportación (DEX) como condición necesaria para evitar una nueva parálisis de la actividad, con el consecuente impacto sobre el empleo y las economías del litoral marítimo. En ese sentido le recordaron el impacto social de una actividad que “emplea aproximadamente 46.000 trabajadores en las comunidades costeras del país”.
Eduardo Boiero, presidente de CAPECA, que respaldó las políticas macroeconómicas del gobierno, le comunicó al Secretario que internamente están haciendo esfuerzos por ajustar la micro, pero aclaró que “enfrentan costos en dólares muy elevados y precios a la baja en los mercados internacionales”, por lo que las retenciones que oscilan entre el 5% y el 9% “los coloca ante una imposibilidad real de competir con países que no aplican este impuesto”.
Como muestra del esfuerzo que está realizando el sector para bajar costos y poder ser más competitivo, el vicepresidente de CAPIP, Facundo Godoy, se refirió al conflicto en el que derivó el ajuste de los valores de producción de langostino en la flota tangonera congeladora, que, informó, “representó la mitad de la temporada de pesca y una caída del 50% en las capturas y exportaciones de langostino”.
“Ese costo económico fue irrecuperable. La quita de retenciones hubiera compensado, al menos en parte, lo que el sector resignó. No ocurrió, y eso profundiza la brecha entre lo que se les pide a los privados y lo que el Estado aporta en términos de competitividad”, señaló Godoy.
Boiero sostuvo en esa línea que “una nueva paralización, como la que ya vivimos en 2025 con pérdidas que superaron los 200 millones de dólares en exportaciones de langostino, no es sólo un daño económico: es un daño social que afecta a miles de familias en cada ciudad del litoral marítimo”, advirtió.
También pusieron en conocimiento al Secretario de otros factores que, aseguran, presionan sobre la rentabilidad de la actividad como el atraso en el recupero del IVA; los elevados costos de mantenimiento de las flotas en un contexto de insumos dolarizados; y el pago de los Derechos Únicos de Extracción. “Cada uno de estos factores sería difícil de absorber por separado. Juntos, forman un combo que coloca al sector en estado de crisis”, afirmaron los empresarios.
Desde las cámaras empresarias destacaron la buena predisposición de los funcionarios y “su conocimiento de la realidad del sector”, lo cual debería contribuir a lograr el acompañamiento necesario hasta las esferas de decisión del gobierno para lograr ser escuchados, algo que han logrado varias economías regionales pero no la pesca.
“El planteo de la industria es inequívoco: la eliminación de los derechos de exportación para la actividad pesquera es una necesidad imperiosa, en línea con lo que ya se ha discutido para otros sectores del agro. La pesca no pide un trato especial. Pide igualdad de condiciones frente a países competidores que no gravan sus exportaciones. Sin eso, los números no cierran y el riesgo de una nueva parálisis es real”, concluye el comunicado.
