El bajo puntaje que reciben los puertos bonaerenses es uno de los argumentos de mayor peso en contra de la Resolución 6 pero la defensa del trabajo y de la soberanía sobre nuestros recursos se vuelven frases vacías cuando se analiza la realidad de la flota nacional y la situación laboral en Mar del Plata.
Más del 90% del calamar se exporta sin generar trabajo en tierra.
Sin embargo, este es solo un punto del reclamo, dado que tanto en declaraciones públicas como en el recurso de reconsideración presentado la semana pasada contra la Resolución 6 se incluyen otros reparos que son difíciles de sostener, especialmente el relacionado al trabajo a bordo, que se vería favorecido por el ingreso de los barcos, ya que será necesario armar 18 nuevas tripulaciones para operarlos.
Pero en relación con el empleo este no sería el argumento más débil de las autoridades bonaerenses, sino que existe otro vinculado al trabajo en tierra, cuya defensa resulta al menos irónica, toda vez que el procesamiento del calamar en tierra se ha incumplido sistemáticamente por la mayoría de las empresas sin que los funcionarios hayan alzado la voz para denunciarlo o controlarlo.
“Desde la Provincia defendemos el trabajo, la producción, la situación del sector, la industria nacional y a los empresarios nacionales y también la soberanía”, dijo el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, en el marco de la reunión de la Mesa Bonaerense de Pesca celebrada el 19 de junio en Mar del Plata.
En Mar del Plata en los últimos treinta años el empleo registrado solo ha caído. Un ejemplo irrefutable de ello es el padrón del SOIP. En los noventa las seudocooperativas hicieron estragos y a partir de ahí el trabajo registrado dejó de ser una condición del obrero del pescado. Hoy la mayoría de los trabajadores de tierra están absolutamente precarizados.
La merluza dejó de ser un producto a procesar y mucho de lo que llegaba se fue entero, incluso aquello que llegaba como cuota social que obligatoriamente debía ser procesada en plantas habilitadas y con personal registrado. La ausencia de control provincial sólo contribuyó a hundir a más obreros en la negrura del trabajo precarizado y fuimos testigos de cientos de hombres y mujeres tirados en la calle, sin ningún aporte ni indemnización.
La responsabilidad no es solo de la provincia, las inspecciones de trabajo son responsabilidad de la Nación pero nunca se llevó a cabo una acción administrativa o judicial para defender el trabajo. Sostener que se quiere bloquear el ingreso de 18 barcos poteros para defender el trabajo no solo no es creíble sino que no es real, dado que si controlan que se procese el 20% de calamar se trabajaría mucho más y en blanco, porque no solo se vigilaría que se procese lo que aportarán estos barcos sino que se podrá sumar todo aquello que hoy no se procesa.
La oposición biológica y soberana
Oponerse por cuestiones biológicas siempre tiene sentido y si hay un ámbito por excelencia en el que se discute es el de la ciencia, pero para ello se requiere estar lo suficientemente preparado y contar con datos que lo sustenten. Sin dudas hay visiones de manejo diferentes para el calamar como también las hay para el langostino y todo debate es enriquecedor. Pero por el momento no se conoce la existencia de estudios independientes que avalen la postura de la provincia.
Si la oposición desde la postura biológica parece difícil de sostener, mucho más lo es la oposición desde una visión soberana de los recursos, dado que 69 de los 84 barcos de matrícula nacional que explotan el calamar illex en el Mar Argentino son de capitales extranjeros, en su mayoría chinos.
El dato surge del último informe de Milko Schwartzman sobre la pesca china, en el que se indica que el 63,1% de los barcos poteros con matrícula nacional está bajo control de capitales radicados en China, y solo el 17,9% en manos argentinas (luego España 8,3%, Corea del Sur 7,1%, otros/no identificado 3,6%).
Cinco corporaciones chinas concentrarían más de la mitad: Shanghai Fisheries Group (estatal provincial), Zhejiang Ocean Family, Qingdao Haoyang, Dalian Huafeng y CNFC (estatal nacional). Estima Schwartzman, además, que al menos el 15,5% de los beneficiarios finales está vinculado a pesca ilegal.
En ese sentido la cronología presentada de cómo el CFP terminó habilitando a empresas con antecedentes de pesca ilegal, basada en datos de actas, resoluciones y partes de la Prefectura Naval Argentina (PNA), indica que en 2005 la PNA capturó al Zhong Yuan Yu 1 (de CNFC) pescando ilegalmente en la ZEE, al año siguiente el CFP rechazó el ingreso de dos barcos de Univpesca (filial de CNFC) por su vinculación con la pesca ilegal, pero en 2013 se flexibilizan los requisitos (Res. 10/2013), deja de exigirse la declaración jurada de estructura societaria y en 2014 terminan aceptando el ingreso de los barcos antes rechazados.
Dos años más tarde, tres barcos chinos, todos del grupo CNFC, se ven involucrados en una persecución de la PNA que termina con el hundimiento del Lu Yan Yuan Yu 010. Entre septiembre de 2016 y junio de 2017 el Consejo aprueba las transferencias de permisos Univpesca a COFC de los poteros Zhou Yu 9 y 10.
“El art. 28 de la Ley 24.922 prevé la caducidad automática de permisos ante violación del 27 bis; el reporte sostiene que el CFP nunca revocó, y que CNFC sigue operando vía COFC Argentina S.A”, señala Schwartzman en el informe que pone en evidencia que, si de soberanía se trata, la revisión no debiera limitarse a los barcos por ingresar; mucho más sentido tendría revisar los 84 permisos otorgados a la flota nacional sobre los que los funcionarios provinciales se han pronunciado como defensores.
Los argumentos de la provincia de Buenos Aires difícilmente le permitan frenar el ingreso de nuevos poteros, pero resulta saludable que por primera vez pongan la lupa sobre la industria pesquera y que se enteren que más allá de lo que ocurra con la Resolución 6 hay mucho que pueden hacer por defender el trabajo y la industria nacional.
