Diferentes organizaciones sindicales vinculadas a la pesca se pronunciaron en rechazo a la pretendida desregulación de la actividad, tal como planteó el Gobierno de Milei, pero que después aceptaron revisar. También rechazan la reforma laboral incluida en el DNU.
Dirigencia del SOMU.
Este lunes se conoció la tercera medida cautelar dictada por la justicia contra las reformas laborales incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia que dictó el presidente Javier Milei. Ahora, se prevé que el Gobierno nacional apele el fallo ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de mantener vigente ese aspecto del DNU.
Durdos con legisladores
El secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos, Raúl Durdos, mantuvo la semana pasada entrevistas con legisladores nacionales de diferentes bloques a fin de analizar el proyecto de modificación de Ley Nacional 24.922 (Ley Federal de Pesca). El referente de los marineros fue recibido por los diputados del bloque de Unión por la Patria, Eugenia Alianiello (Chubut); José Glinsky (Chubut); Sabrina Selva (Buenos Aires); Liliana Paponet (Mendoza); Guillermo Snopek (Jujuy) y Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego).
El SOMU expresó su posición contrataria a la eliminación de la obligatoriedad de desembarco de la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos. También rechazó la eliminación de las condiciones establecidas para el otorgamiento de los permisos de pesca, fijando un plazo de 20 años, independientemente del origen del buque, su antigüedad o la mano de obra que emplee.
No están de acuerdo con el sistema de asignación de las cuotas de captura de pesca que habilitaría a que las cuotas de captura sean licitadas internacionalmente. Puntos que finalmente desde el Gobierno prometieron revisar enviando una enmienda al proyecto elevado al Congreso. Raúl Durdos dijo que volverá a la Cámara de Diputados a la reunión que se llevará a cabo con las comisiones el día 17 de enero.
Pedido de audiencia a Mondino
Por su parte, la Comisión Directiva Central del SICONARA le transmitió a los presidentes de los diferentes bloques legislativos “el enérgico rechazo a la modificación propuesta de la Ley Nº 24.922 -de Pesca marítima-, por significar el virtual certificado de defunción de la pesca argentina, con su secuela de amarre de buques y cierre de plantas procesadoras y la consecuente pérdida de miles de puestos de empleo para trabajadores marítimos, de la industria del pescado, de los astilleros y talleres navales, así como de los portuarios ya que no se obliga a descargar en puertos argentinos”, se pronunció el gremio que representa a conductores y maquinistas navales.
En este marco, el secretario General Mariano Vilar cursó un pedido de audiencia a la Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En caso de ser otorgada “se le hará saber a la ministra Diana Mondino que la problemática de la pesca no declarada y no reglamentada en la ‘milla 201’ no se soluciona haciendo desaparecer a nuestra industria pesquera sino todo lo contrario. Una actividad pesquera sustentable como la que desarrolla nuestro país, es el mejor respaldo a las negociaciones internacionales que deberían iniciarse con aquellos países cuyas flotas operan en el océano atlántico sudoccidental, para lograr un ordenamiento del caladero que impida la depredación de los recursos”, afirmaron desde el SICONARA.
El STIA repudió la reforma laboral
El tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Chubut también se había declarado en alerta ante la posible modificación del régimen pesquero. El STIA celebró las medidas judiciales que suspendieron la aplicación de la reforma laboral que forma parte del DNU.
“El proyecto de ley que pretende el presidente Javier Milei es un mamarracho entreguista neocolonialista que pretende el libre saboteo a nuestra Zona Económica Exclusiva”, expresó el gremio de la alimentación al sumarse a los múltiples rechazos que cosechó la iniciativa oficial.
Por otro lado, “rechazamos la criminalización de la protesta y rechazamos de pleno la iniciativa de la Ley Ómnibus”, agregaron al cuestionar las limitaciones que el Gobierno plantea a medidas de fuerza, por caso, que se considerará causal de despido el bloqueo de fábricas y toda la cadena alimenticia será considerada actividad esencial, limitándose el ejercicio de huelga.
