Mientras la presencia de buques poteros sigue concentrando buena parte de la atención pública en la Milla 201, un informe del especialista Sergio Almada coloca el foco sobre un fenómeno de creciente relevancia estratégica: el avance sostenido de flotas arrastreras extranjeras en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Sergio Almada es Prefecto Mayor (RS) de la Prefectura Naval Argentina en situación de retiro, especialista en control de los espacios marítimos y coordinador del Equipo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos —EICEMAR—. Su trayectoria combina formación institucional, experiencia operativa y análisis técnico sobre milla 201, pesca ilegal, flotas de aguas distantes, aplicación de la ley en el mar y protección de recursos pesqueros. Ya lo habíamos contactado hace cuatro años para conocer su percepción de la milla 200 y su límite a veces vulnerado-, por flotas extranjeras. El panorama de detección, apercibimiento y multa hoy, cambió sobremanera, y eso nos cuenta en este nota enviada a la redacción de PESCARE.

La imagen de cientos de luces encendidas frente al límite exterior de la ZEEA se volvió una postal habitual del Atlántico Sur. Esa escena, asociada principalmente a la captura de calamar Illex por parte de la flota potera, dejó en un segundo plano otra dinámica menos visible desde la superficie, pero de alto impacto para los intereses marítimos nacionales: la expansión de buques arrastreros que operan durante todo el año y capturan especies transzonales de valor comercial para la Argentina.

Según el análisis, la flota potera mostró en los últimos años un comportamiento relativamente estable, tanto en cantidad de unidades como en patrones operativos. Almada señala que estas embarcaciones comenzaron a mantener mayores distancias respecto del límite exterior de la ZEEA, una conducta que redujo el riesgo de incursiones ilegales que en el pasado derivaron en capturas, actuaciones administrativas y sanciones.

El cuadro de fondo permanece abierto: la captura no regulada en alta mar de una especie transzonal de alto valor comercial para la Argentina, explotada dentro de la ZEEA bajo planes de manejo, seguimiento científico y recomendaciones técnicas desarrolladas por el INIDEP.

El eje central del informe se desplaza hacia los buques arrastreros. De acuerdo con el relevamiento citado por Almada, la cantidad de estas embarcaciones en la Milla 201 creció cerca de 70% entre 2020 y 2026. Ese incremento introduce una variable de mayor complejidad operativa, porque se trata de unidades con capacidad de capturar múltiples especies y con presencia sostenida más allá de la temporada del calamar.

El análisis identifica además una fuerte concentración empresarial. Cerca de la mitad de la flota estaría vinculada a compañías chinas, incluyendo embarcaciones que operan bajo banderas de Vanuatu, Tanzania y Kenia. En segundo término aparecen empresas españolas, muchas de ellas bajo bandera propia o registros vinculados a las Islas Malvinas, inscripción que la Argentina desconoce en términos soberanos.

A diferencia de los poteros, los arrastreros desarrollan una pesca menos selectiva. Además del calamar Illex, pueden capturar recursos transzonales de interés comercial para la flota argentina, entre ellos merluza y abadejo. La preocupación central radica en la presión acumulada sobre especies compartidas entre la jurisdicción nacional y el área de alta mar adyacente.

Uno de los puntos más sensibles señalados en el informe es el aumento de aproximaciones excesivas al límite exterior de la ZEEA e incluso incursiones detectadas dentro de jurisdicción argentina. Almada menciona maniobras registradas durante operaciones compatibles con actividad pesquera, virado de redes o cambios de rumbo en zonas de borde.

Frente a ese escenario, la Prefectura Naval Argentina fortaleció sus mecanismos de monitoreo mediante evidencia digital, información AIS, imágenes satelitales y herramientas de inteligencia artificial. El informe cita como antecedente central la Disposición SSRAyP Nro. 20/2026, elaborada bajo la conducción del actual subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla. Se trata de una normativa de marcado rigor documental, orientada a fijar parámetros técnicos para identificar velocidades, derroteros y comportamientos de navegación compatibles con eventuales operaciones de pesca ilegal dentro de la ZEEA.

En esa línea, el trabajo recuerda los casos de los buques pesqueros arrastreros Xinrun 579 y Bao Feng, ambos con bandera de Vanuatu, sancionados tras detectarse maniobras compatibles con pesca ilegal a partir del análisis de comportamiento y evidencia electrónica.

Otro aspecto relevante es el crecimiento de embarcaciones que operan bajo banderas de conveniencia. Camerún, Vanuatu, Tanzania y Kenia aparecen mencionados como registros abiertos con controles más débiles en materia laboral, fiscal, operativa y de seguridad. En abril de este año, esas banderas representaban 45 embarcaciones en la zona.

El informe advierte que estos registros dificultan el control efectivo. Los cambios reiterados de nombre y bandera, la manipulación de señales AIS o el apagado deliberado de los sistemas de identificación constituyen prácticas que complican la trazabilidad de las operaciones y exigen una respuesta estatal basada en inteligencia marítima, análisis de patrones y cooperación internacional.

La utilización de redes de arrastre de fondo agrega otro plano de preocupación. Aunque la actividad se desarrolla en aguas internacionales, Almada advierte que esas maniobras pueden afectar ecosistemas marinos vulnerables y generar captura incidental de especies sedentarias vinculadas a la plataforma continental extendida argentina.

El informe deja una conclusión operativa de alto valor institucional, el control marítimo contemporáneo ya no depende únicamente de la presencia física o del análisis documental, sino de la capacidad de interpretar conductas, reconstruir trayectorias y anticipar posibles actividades ilícitas en el mar.

En la Milla 201, el desafío argentino ingresa así en una etapa más sofisticada. La discusión excede la cantidad de buques visibles sobre el borde de la ZEEA y se proyecta sobre un sistema de intereses, registros, empresas, especies compartidas y tecnologías de control. Allí se define una parte sustantiva del futuro pesquero del Atlántico Sur.